"Cuando la principal empresa (Fármacos Especializados) proveedora de medicamentos para el sector público -31% del total de ventas al Instituto Mexicano del Seguro Social- gana el mayor contrato en la historia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), algo anda mal con la política de competencia económica en México.
Sobre todo si es el único proveedor que cumple con las arbitrarias condiciones de la licitación: tener cuando menos dos contratos previos en la administración pública ""cuyo monto mínimo sea de 600 millones de pesos durante un ano, que estén vigentes, o que en su caso se hayan realizado durante los últimos tres anos inmediatos anteriores"".
No es especulación afirmar que es un traje hecho a la medida creado por el ISSSTE. Aun si no hubo corrupción entre empresa y funcionarios, no puede obviarse que el proceso atentó contra la norma de no establecer ""requisitos o especificaciones técnicas que explícita o implícitamente favorezcan a proveedores"", ni tampoco ""que limiten la participación de otros posibles proveedores"".
Mientras mayor es la empresa, mayores son sus posibilidades de acaparar el mercado en detrimento del desarrollo de los competidores, de los precios y también de la calidad en el servicio o los productos. Para evitar mercados monopólicos la mayoría de los gobiernos crean instituciones que incentivan la diversificación empresarial. El gobierno mexicano parece jugar a la excepción.
Hay una opinión muy extendida -desde el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, hasta Andrés Manuel López Obrador- de que tenemos un problema de monopolios y falta de competencia en este país. Los legisladores deberían aprovecharla para condicionar toda licitación similar a la aquí descrita al visto bueno de la Comisión Federal de Competencia. De lo contrario, el Estado seguirá haciendo lo que tantas otras veces ha hecho: entregar el poder económico, y también político, a unos cuantos aliados del momento. (El Universal)
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