Las disposiciones aprobadas por los legisladores federales en la denominada ley antifacturera, dejan en cierto grado de vulnerabilidad a los empresarios de todo el país, porque no les permite defenderse y pretende tasar a todos por igual.
Lo anterior lo manifestó el presidente del Centro Empresarial de Chiapas (CECH), Isaías Alfaro Castellanos, respecto a esta ley que busca combatir la facturación falsa y las empresas fantasma, equiparando la omisión o la simulación en el pago de impuestos con la delincuencia organizada, a la par de delitos como el narcotráfico y la trata de personas.
Refirió que tal parece que pagarán impuestos los mismos (empresarios) de siempre, aquellos formalmente establecidos, sobre todo en Chiapas que es uno de los estados que registra mayor índice de informalidad en el comercio.
Señaló que esta será otra tarea del gobierno estatal y federal, sumar más contribuyentes, sin embargo, estas nuevas disposiciones no motivarán a los informales a operar bajo el régimen, por los riesgos que implica.
Inhibirán las inversiones
Consideró que esta situación terminará por inhibir las inversiones porque las empresas tendrán que analizar todos sus procesos, antes de hacer cualquier transacción financiera en su estado o fuera de él.
Habrá que tener cuidado también en el tema de las facturas falsas, tomando en cuenta que no todos los empresarios tienen la capacidad de revisar a sus proveedores. En este caso, la autoridad fiscal es quien debe revisar a quienes simulan sus operaciones.
Dijo que como empresarios están siempre a favor de la legalidad. No recurren a esas prácticas, y en sus excepciones son resultado de errores o desconocimiento.
Enfatizó que revisarán a fondo las implicaciones de las reformas aprobadas, ya que coinciden con el hecho de que quienes estén fuera de la ley rindan cuentas con las autoridades correspondientes.
Además, para concretar un plan de acción, tal como lo han hecho empresarios de otras organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que plantearon el interponer acciones de inconstitucionalidad.
Puntualizó que ante la intención del gobierno federal de recaudar más recursos, se exigirá mayor certeza en el gasto público, tomando en cuenta también las reformas que se están implementando, y que piden sean equitativas también para funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana coincidió con la postura de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), respecto a los riesgos que tienen los cambios al marco normativo que ponen en riesgo y deterioran la certidumbre jurídica de los contribuyentes e inversionistas.
Considera que personas, pequeñas, medianas y grandes empresas pueden ser acusadas de delincuencia organizada sin previo aviso, lo que vulnera sus derechos.
Es excesivo que se equipare la defraudación fiscal al crimen organizado, con delitos como el narcotráfico, y desproporcionado a su vez que los delitos fiscales se consideren como un ataque a la seguridad nacional.
Rechazan el que las propuestas presentadas por diversos organismos no hayan sido tomadas en cuenta, por lo que consideran que de nada sirvieron las diversas reuniones de trabajo que se sostuvieron anteriormente.
Disposiciones
Las reformas aprobadas por los diputados federales corresponden a la Ley federal contra la delincuencia organizada, Ley de seguridad nacional, Código Nacional de procedimientos penales, Código fiscal de la Federación y del Código penal federal.
Partidos de la oposición buscarán hacer modificaciones en diversas disposiciones, como en lo referente a la presunción de inocencia, a fin de que no se establezca prisión preventiva oficiosa, y que los delitos no sean considerados como delincuencia organizada ni de seguridad nacional.
