La Organización Melel Xojobal informó que del 2011 al 2019 han registrado 57 feminicidios de niñas y adolescentes, 22 por ciento de estos ocurrieron en San Cristóbal de Las Casas, dentro de ellos, el 56 por ciento tenían entre uno y 17 años.
La organización comunicó que hasta agosto de 2019, se tienen registro de 63 casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes de entre dos y 17 años; de acuerdo con el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas y el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”.
Por este registro, Melel Xojobal comentó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, promover y proteger el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad a todas las personas: especialmente a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
“La implementación de la Alerta de Violencia de Género está marcada por omisiones y actitudes machistas por partes de las y los funcionarios públicos por lo que los mecanismos para la prevención de la violencia machista y feminicida siguen estando lejos de ser suficiente para enfrentar las situaciones de violencia y garantizar la seguridad a la población chiapaneca”, informó.
Por lo que niños, niñas y adolescentes junto a sus familiares y personal de la organización Melel salieron este sábado a las calles del Centro Histórico de San Cristóbal en una “Marcha en contra de la #MuerteImpune”, en la que alzaron la voz para recordar a todos y todas aquellas que han perdido la vida por la violencia que se ha disparado en el estado.
Desde noviembre de 2016, Chiapas mantiene la alerta de violencia de género, sin embargo, a octubre de 2019, superaron las cifras de víctimas de violencia feminicida del 2018 con 163 muertes violentas de mujeres.
En el caso de los feminicidios de niñas y adolescentes han sido 11 registrados entre el 2018 y 2019, a estos datos se suman 63 casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en 2019.
La organización comentó que ante la crisis de feminicidios y desapariciones que se viven en la entidad, el estado tiene la obligación de cumplir y establecer medidas de seguridad y de protección especial para prevenir, erradicar y sancionar las violencias hacia las niñas, niños y adolescentes, como se ha denunciado desde distintas redes de la sociedad civil organizada.
Exigieron transparencia en el proceso de investigación y protección de las niñas, niños y adolescentes y sus familias para garantizar el acceso a la justicia y la verdad. Así como el complemento de las obligaciones de las Procuradurías de Protección a la Infancia y Adolescencia en todos los niveles para prevenir, atender y erradicar toda expresión de violencia.
