El Senado de la República dio ayer un importante paso para atender el grave problema nacional de los bajos índices de lectura y los malos resultados de los estudiantes en comprensión y asimilación de lo que leen, mediante la aprobación, por unanimidad, de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, por la cual se establece el precio único al libro y se crea un consejo de estímulo a la lectura integrado por los tres niveles de gobierno y la sociedad.
La legislación, que todavía tiene que ser turnada a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, tiene entre otras cualidades, la de buscar que la industria editorial mexicana recupere el dinamismo que la caracterizó en otros tiempos haciendo accesible los libros a toda la población.
Con un precio único, establecido por el editor y respetado por todos los distribuidores y puntos de venta final al consumidor, se pretende que siempre haya disponibilidad de ejemplares al mismo precio, independientemente de que se vendan en una gran librería de ciudad, un supermercado, o cualquier rincón del país, por alejado que se encuentre. No se permitirá elevar exageradamente el valor de los libros con el pretexto de la distancia o los costos de distribución, sino que se integrarán al precio único.
La experiencia de dicha homologación de costos en países como Alemania, Francia y Espana, ha dado como resultado una gran disponibilidad de ejemplares, aun en librerías modestas, las que han sobrevivido al embate de los mayoristas capaces de ofrecer descuentos por manejo de grandes volúmenes de mercancía. Esto ha obligado, tanto a editores como a libreros, a diversificar su oferta, de tal manera que sus libros o sus establecimientos ofrezcan valores agregados al consumidor, puesto que no compiten por precio, sino por calidad de servicio, lo que significa, asimismo, un estímulo a la creación.
Es muy importante, también, el que dicha ley incluye el estímulo a la creación de bibliotecas y centros de lectura, de forma tal que el libro incremente su presencia en diversos espacios del país, lo que, también, será en beneficio de la lectura y la cultura nacionales.
Es decir, si bien es importante que la ley correspondiente no sólo contempla el precio único, también hará el seguimiento de todo un programa de fomento para el libro y la lectura, por el cual el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos estatales y municipales, así como la iniciativa privada ligada a la industria editorial se comprometen, mediante una ruta crítica bien trazada, a incrementar los índices de lectura de la población, haciendo énfasis en los ninos y jóvenes, para reforzar técnicas de estudio y razonamiento de lo que se lee.
Esta carencia educativa ha sido muy costosa para el país, al estancar el nivel de desarrollo cultural, científico y técnico de la sociedad, lo que nos ha rezagado como país frente a otras naciones, que han entendido que no se puede desarrollar una nación sin ciudadanos ilustrados, que no sólo memoricen las cosas, sino que entiendan conceptos y estén acostumbrados a trabajar con ideas desde sus primeros anos de escuela. Tenemos, por ejemplo, un enorme déficit de científicos, por la falta de un sistema educativo que fomente la lectura y la promoción de las ciencias exactas.
Ojalá los diputados sean sensibles a las ventajas de la legislación aprobada ayer en la Cámara alta, porque no se trata de un asunto de coyuntura, sino de algo mucho más ambicioso que puede sentar las bases para un desarrollo cultural, científico y tecnológico en el país, con beneficios de largo plazo. (El Universal)
