Tras la aprobación que hizo el Senado de la República para que los patrones den seguridad social a las trabajadoras del hogar, Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para países de México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), calculó que en Chiapas existen 75 mil 726 mujeres que se dedican a las labores domésticas, pero que están en situación vulnerable por la falta de una justicia laboral.
Este porcentaje, explicó, representa el 3.4 por ciento de todas las trabajadoras del hogar que hay en este país; en nuestra entidad, existen 39 mil 702 hogares que emplean personas para actividades domésticas.
González Marroquín añadió que el 50.7 por ciento de las personas en este rubro, pese a tener jornadas más extensas, siguen sometidas a condiciones de pobreza, situación que fue calificada como una injusticia.
Dentro de ello, dijo, uno de los máximos problemas que se tienen en los mercados de trabajo, son los altos índices de informalidad; en el caso de Chiapas, supera el 78 por ciento.
“Y es un ejemplo de, cuando, en alguna circunstancia hay trabajadores que permanecen, a pesar de su esfuerzo, en la pobreza o en la extrema pobreza y ese es el caso que tenemos con las trabajadoras del hogar”, puntualizó.
Otra de las preocupaciones que encontraron, es que la remuneración promedio que recibe un trabajador doméstico en el estado, es menor a la que se da a nivel nacional, la diferencia económica es de mil pesos.
Esta problemática se repite en otros rubros como: choferes, cuidadores, cocineros y a otras personas que laboran en el hogar.
“El llamado en Chiapas, es aún más urgente, porque hay un rezago salarial en relación con el promedio en el país, no hay ninguna justificación para que las trabajadoras del hogar ganen menos que las trabajadoras del hogar en el resto de México”, complementó.
Es necesario que México ratifique el convenio 189 de la OIT, para que exista el compromiso internacional del tema, no sólo para que las trabajadoras tengan seguridad social, sino también para que las autoridades garanticen el cumplimiento de la Ley, promuevan un respeto al salario mínimo y a la jornada máxima de trabajo.
“En nuestro país ya se dio un primer paso al reconocer el problema que viven las mujeres; no obstante, para lograr una verdadera inclusión social, aún se tiene que avanzar”, concluyó.