A pesar de la necesidad que existe de cuidar el medio ambiente para evitar la contaminación en todas sus modalidades, desde hace 30 años y hasta la fecha, son “200 ricos” los que manejan el procesamiento y la utilización del agua en Chiapas, gracias a los permisos otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), denunciaron integrantes de la organización Agua para Tod@s, Agua para la Vida.
Este martes 4 de febrero, un grupo de académicos, investigadoras, instituciones y sociedad civil, presentarán en la Cámara de Diputados (Ciudad de México) una iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, que va respaldada por 160 mil firmas, que obedece a un trabajo hecho en los últimos siete años.
Los objetivos son: establecer procesos concensados de planeación para enfrentar el sobreconcesionamiento y la contaminación impune en cada territorio del país, se le suma restaurar los derechos de los pueblos indígenas y núcleos agrarios.
Antonino García García, investigador en la Universidad de Chapingo, dijo que Chiapas se ha convertido en una bodega para el desarrollo nacional, considerando que las cuatro hidroeléctricas locales generan el 45 por ciento de toda la energía que es producida por turbinas con agua.
Es decir, la entidad aporta energía barata para Jalisco, Nuevo León, Tijuana y el Estado de México, donde hay desarrollo industrial, “está subsidiando el desarrollo de otras regiones del país”.
Adicional a los objetivos que se buscan con la iniciativa, remarcó, se le agrega el reconocimiento de participación de la personas en los territorios de las cuencas; significa que la población local defina el destino del agua y no la Conagua, como ha ocurrido desde que se estableció la primera Ley General, en 1888.
Uno de los datos que compartió el especialista, es que la Secretaría de Recursos Hidráulicos, con las hidroeléctricas, expropió 100 mil hectáreas de las mejores tierras de Chiapas; no obstante, las 142 concesiones que entregó la Secretaría de Economía para la minería, de China y Canadá, abarcan un millón 121 mil hectáreas a 50 años.
Como la actividad se realiza a cielo abierto, es altamente contaminante, tomando en cuenta que cada que llueve se arrastra metales pesados a ríos, arroyos y manantiales, y toda esas reservas naturales se contaminan.
Proyecto
Dentro del trabajo que hicieron académicos y la sociedad civil, se contempla: ponderar criterios de sustentabilidad que sirvan como una condición para el otorgamiento de concesiones de aguas nacionales, así como de democratizar y transparentar la administración de los sistemas municipales.
La propuesta que recibirán integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, incluye el no uso de aguas nacionales para la minería tóxica ni el fracking y que se realice una evaluación de Costo-Beneficio Social, Económico y Ambiental.
Integrantes de la organización Agua para Tod@s, Agua para la Vida, mencionaron que del 2012 a la fecha, la Conagua entregó más de 537 mil concesiones en el país, lo que ha significado una violación para los núcleos agrarios y para los pueblos originarios.
Incluso, aseguran que dicha dependencia federal apenas cuenta con 85 inspectores, mientras que el 60 por ciento de los cuerpos de agua del país están contaminados.
Atraso
Para Candida Gutiérrez, defensora legal del Derecho al Agua, el Estado no ha creado los mecanismos para dar el vital líquido a todos los hogares y, desde el 2012 que se reconoció al agua como un derecho fundamental, no se tiene una nueva ley.
Ahora, dijo, las autoridades están resolviendo los problemas o temas con la Ley Nacional de Aguas o la Ley de Aguas para el Estado de Chiapas, documentos que son obsoletos debido a que en todo el territorio mexicano se tiene desabasto, incumplimiento de calidad y hasta presunciones de enfermedades por consumir el vital líquido que está contaminado.
Uno de los problemas más graves, consideró, es que no existe la protección de las fuentes de agua; la preocupación que recoge la iniciativa ciudadana, es que haya prioridad para el consumo y uso doméstico y que existan mecanismos de protección.
Contexto
García García remarcó que en la última investigación que realizó con otros colegas, que está plasmada en la publicación “La Cuenca del río Usumacinta desde la perspectiva de Cambio Climático”, encontraron que de 72 estaciones hidrométricas de medición de agua, precipitación y evaporación que tiene la Conagua, apenas 27 arrojan datos concretosy lo demás “es basura”.
Durante el 2014 y el 2018 en nuestro país, enfatizó el investigador, se hicieron intentos de privatizar el uso de agua con concesiones de 30 a 50 años, pero con mediciones que son erróneas no hay manera de proyectar resultados favorables ante el cambio climático.
Los permisos, sugirió, se tienen que hacer de uno a dos años pero con el aval de la población que vive en los territorios, y no con la decisión de los burócratas que están en la Ciudad de México.
Un solo ejemplo de la destrucción que se está haciendo con el mal uso del agua se puede observar en San Cristóbal de Las Casas, una ciudad que entrega un millón 400 mil litros diarios a una empresa, pero la ciudadanía a diario se queja que no tiene el vital líquido necesario para subsistir.
