Pese a haber sido llamados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano no ha hecho nada para desentrañar el aumento en los casos de muertes por cáncer de estomago, por supuesta contaminación del Relleno Sanitario de Tuxtla Gutiérrez, de las que han sido víctimas habitantes del ejido Emiliano Zapata, de este municipio.
Ángel Emmanuel Ancheyta Villafuerte, defensor del caso, mencionó que desde la Resolución 24/2019 que emitiera la máxima autoridad jurisdiccional del continente en protección a derechos humanos, las autoridades no han hecho ninguna acción para investigar las causas de muertes de sus pobladores y si los casos están vinculados a la contaminación que propicia el Relleno Sanitario Municipal.
El pasado 24 de abril, la CIDH emitió la medida cautelar No. 1498-18 a favor de habitantes del ejido Emiliano Zapata, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que según señala el documento “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
Esto debido a que el caso se centra a raíz del fallecimiento de 21 pobladores del ejido por cáncer; entre ellos nueve niños, de forma prematura documentados del 2006 al 2018.
Ante esto, Ancheyta Villafuerte comentó que la resolución de la CIDH exhortaba a las autoridades mexicanas a hacer acciones positivas para el Ejido, sin embargo, hasta el día de hoy sólo han hecho un censo y clorado algunos pozos.
“El gobierno debe formular un informe para determinar si la contaminación del Relleno ha incidido en la muerte de las 21 personas”, explicó.
Ante esta dilación, la Comisión Interamericana volvió a notificar al abogado este 24 de septiembre, para comentarle que no han recibido ninguna comunicación por parte del Estado mexicano sobre las medidas adoptadas respecto a la denuncia de contaminación realizada por el comisariado ejidal, Marcelino Díaz Sánchez, que encabeza la queja y otros, pese a encontrarse vencido el plazo otorgado mediante la resolución.
Por lo que solicitaron al Gobierno de México tenga a bien presentar las observaciones pertinentes que estima en un plazo de 20 días. En particular, para informar sobre los siguientes puntos:
Las medidas que el Estado habría adoptado para preservar la vida, integridad personal y salud de las personas de la comunidad. Asimismo, los avances que se habrían realizado para brindar un diagnóstico médico que permitirá identificar las causas de las alegadas patologías, enfermedades y su relación con la alegada contaminación.
Asimismo, información respecto a la atención médica que el gobierno estaría brindando a las personas beneficiarias e indicar si se efectuaría un enfoque con diferencias de género en la realización de los servicios médicos brindados.
Ancheyta Villafuerte manifestó que hicieron una solicitud de información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que les entregara datos de personas que hayan fallecido por cáncer desde el 2006 en la zona.
“No sabemos por qué el aumento de las cifras, pero si tenemos cerca un Relleno Sanitario, no podemos afirmar que incidió, por lo que exigimos se investigue, no se tienen pruebas técnicas porque no se ha hecho nada, ningún estudio de impacto ambiental o de oncología”, comentó.
Por tanto, el defensor mencionó que ya se tienen dos años de este litigio internacional y de seguir así, se podrá abrir el caso en la Comisión y en un determinado tiempo pasar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
“Debe ser una urgencia, llevamos cuatro meses sin actuación, han llegado a realizar campañas de reciclaje pero esa no es una cuestión concreta, se necesita un estudio real”, finalizó.
