En 2019, el Gobierno de México asumió responsabilidades sobre el desplazamiento forzado interno de personas, al considerar la deuda histórica con las miles de personas que han vivido desplazamiento en las últimas cinco décadas al interior del país, destacó la publicación “Movilidades” de la Unidad de Política Migratoria.
Desde el ámbito federal, en coordinación con los gobierno locales, se planteó un diseño de políticas públicas y acciones dirigidas a la atención de personas en este contexto, como en el caso de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas.
Las entidades mencionadas cuentan con una ley estatal y están en proceso de lograr su operatividad con el fin de generar condiciones que permitan superar las vulnerabilidades que provoca el desplazamiento forzado.
La dependencia de la Segob dijo que tienen el compromiso de visibilizar el citado contexto del país. Formuló junto con otras instituciones de la Administración Pública Federal el proyecto de “Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, que fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados en 2020, pero que aún debe ser aprobado por la Cámara de Senadores.
“Asumir la responsabilidad por parte del Estado en el tema permitió no solo visibilizar este tipo de movilidad, sino también colocarlo en la agenda pública con el objetivo de avanzar hacia la búsqueda de soluciones duraderas para la paz”, destacó el análisis de la Unidad de Política Migratoria.
El tema ha adoptado relevancia internacional, tan es así que el año pasado Cecilia Jiménez Damary, relatora especial sobre los Derechos de los Desplazados Internos de Naciones Unidas, se reunió tanto con víctimas como con organizaciones de la sociedad civil y actores políticos.
