"Freddy Martín Pérez * CP. El proceso de desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pone en riesgo tanto el ejercicio pleno de los derechos humanos como la vigencia de la ""aún débil"" estructura de la democracia representativa de México, sostiene la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos ""Todos los Derechos para todos"", integrada por 54 organizaciones.
""La decisión del Ministerio Público Federal (MPF) de solicitar el juicio de procedencia para desaforar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, en las condiciones que se ha desarrollado, es un acto que de acuerdo con la doctrina de los derechos humanos, se puede considerar arbitrario"", considera la Red un escrito.
Y dice que al respecto, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estableció que no se debe equiparar el concepto de arbitrariedad con el de contrario a la ley, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como también el principio de garantías procesales.
""La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte ha declarado que: el término arbitrario es sinónimo de irregular, abusivo, contrario a derecho. Entre los elementos que permiten afirmar lo anterior, está el hecho de que se extrapole la responsabilidad hasta el más alto cargo público en el (gobierno del) Distrito Federal"".
Esto es inusual en estos casos, porque además genera la coincidencia’ de que se acusa a quien cuenta con una intención mayoritaria del voto. Prácticas como éstas muestran la parcialidad del Ministerio Público Federal. En todo este tiempo la actuación del MP ha tratado de justificarse como de estricta aplicación de la ley.
""Sin embargo, existe la opinión de que en realidad no se está tratando de castigar un posible delito sino de impedir el cabal ejercicio de los derechos políticos de una persona, por lo que se estaría haciendo una aplicación arbitraria de la Ley"".
""En otras palabras, estamos ante un acto que se pretende presentar como legal pero de acuerdo con la doctrina de los derechos humanos se puede considerar arbitrario"", puntualiza el escrito de los 54 organismos civiles.
Derechos Humanos
Explica la Red que en la Constitución ""no está acorde"" con los instrumentos de derechos humanos ratificados por México, al determinar la pérdida de los derechos políticos desde el momento que se dicta el auto de formal prisión y ""no hasta que exista una sentencia de culpabilidad"".
""Por lo tanto no se requerirá demostrar plenamente la culpabilidad del jefe de Gobierno ni contar con una resolución judicial para privarlo de sus derechos políticos"", puntualiza el documento enviado a los medios de comunicación.
Los 54 organismos defensores consideran que el Ejecutivo Federal y el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, se han negado a respetar el principio de presunción de inocencia de Andrés Manuel López Obrador, pero al contrario, ""han reiterado públicamente"" su presunta culpabilidad.
Por esto, la Red apela al Comité de Derechos Humanos, Observación general número 13, párrafo siete, que dice: ""No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso""
Y pide al poder Legislativo que en las próximas horas analizará sobre el desafuero de López Obrador y en su calidad de ""jurado de procedencia"", actué con ""imparcialidad y objetividad"", como corresponde a un tribunal.
""Sin embargo tememos que al constituirse en esa función su decisión sea estrictamente política y muy posiblemente animada por el deseo de eliminar a un potencial candidato"", dice.
En el legajo se asegura que en caso de que se ""configure"" la privación de los derechos del tabasqueno, se podría dar lugar a la violación del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos.
Derecho al voto
Todo porque el derecho de votar y ser elegido y la posibilidad de presentarse a cargo electivos están garantizados para todas las personas con derecho de voto y puedan elegir entre distintos candidatos, como lo establece el párrafo 16 de la observación general del Comité de Derechos Humanos.
De esta forma, la Red insiste que la transición que vive México ""no ha alcanzado la fase de transformación institucional que necesitamos, en consecuencia la mayor parte del andamiaje jurídico y casi la totalidad de las instituciones reflejan el reciente pasado autoritario"".
""Para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ""Todos los derechos para todos"", la aplicación arbitraria y discrecional de la ley en el caso del desafuero está dando como resultado que el Gobierno Federal violente el principio de presunción de inocencia, los derechos políticos del jefe de Gobierno del Distrito Federal y el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos"", dice.
Finalmente sostiene que esta ""situación puede aún corregirse, para eso se necesita de mesura y sensatez de parte de los actores involucrados"".
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