Mediante dos pronunciamientos públicos, habitantes de los anexos Nicolás Bravo y Unión Juárez del ejido Tila, denunciaron abusos, amenazas, cobros ilegales y presunta colusión entre grupos de autodefensa y autoridades municipales que mantienen en zozobra a la población.
En un documento fechado el 25 de agosto y procedente del anexo Nicolás Bravo, los pobladores detallaron que el pasado 22 de agosto habitantes de la localidad de Río Grande, identificados como “autónomos”, llegaron a un manantial conocido como “Ojo de Agua” para instalar una tubería sin su consentimiento, causando afectaciones en solares y parcelas.
Queja
Según la denuncia, los trabajos se realizaron bajo amenazas de despojo de tierras para quienes se opusieran.
La acusación señala directamente a figuras políticas locales. Se menciona que los “autónomos” afirmaron contar con el aval del presidente municipal, el ingeniero Neyser Hernández López, y del expresidente arquitecto, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez. Además, se identifica como su jefe a José del Carmen Jiménez Pérez, alias “El Quemado”.
Los denunciantes afirman que el recurso para la obra, supuestamente recolectado mediante una cooperación de mil pesos por familia, proviene en realidad del ayuntamiento, como parte de una negociación realizada el 29 de julio con el secretario particular del presidente, Carlos Sánchez Martínez.
Cobros ilegales
Por otra parte, en una denuncia fechada un día antes desde el anexo Unión Juárez, se acusó a representantes ejidales de imponer cobros ilegales.
Según el documento, en una reunión general se informó que todos los adolescentes y jóvenes a partir de los 12 años deben pagar mil pesos cada uno para “pertenecer, tener derecho y ser protegidos en el ejido”, y evitar la pena de ser expulsados. Asimismo, se exige a los ejidatarios pagar 300 pesos por una constancia del Registro Agrario Nacional (RAN).
Ambas denuncias, firmadas por “El Pueblo de Tila y sus Anexos”, solicitan al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, que investiguen la responsabilidad del expresidente Limber Gutiérrez Gómez en los hechos violentos y presuntos desvíos de recursos, así como la actuación de los funcionarios estatales que estarían obstaculizando la pacificación y el desarrollo de la región.
