Ha habido un proceso de aprendizaje de la prudencia sobre lo macroeconómico, siendo al mismo tiempo progresistas en lo social; se han aplicando medidas anticíclicas diversas, desde moderadas y transitorias hasta estructurales que evitaron costos sociales irreversibles, reconoció ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, refiriéndose a los miembros de esa enorme comunidad de naciones de la cual este país forma parte.
No obstante, ha llamado a mantener la continuidad en las políticas macroeconómicas, pero también a romper de fondo con herencias del pasado que han perpetuado la desigualdad y la exclusión social.
El organismo sin embargo nos ha sorprendido al señalar que en las últimas dos décadas las naciones de la región han disminuido el número de personas que vivían en la pobreza, de 48.4 por ciento, en 1990, a 30.4 en 2011, sobre todo porque al confrontar datos en este sentido, otros organismos independientes sostienen que el proceso de reducción de este fenómeno social se encuentra prácticamente estancado en la zona desde el año 1997.
Sostienen así por ejemplo que la pobreza en América Latina pasó del 42.5% de la población total en el año 2000 al 44.2% en el año 2003, lo que equivale a decir que hoy en día hay nada menos que 224 millones de personas que viven en América Latina y el Caribe con menos de dos dólares al día -umbral de pobreza-. De éstas, unos 98 millones de personas -19,4% de la población- se encuentran en situación de pobreza extrema o indigencia, es decir, viven con menos de un dólar al día.
Adicionalmente, la pobreza en América Latina y el Caribe tiene un componente racial o étnico importante, de modo que en países como México, Bolivia, Brasil, Guatemala o Perú, ésta es dos veces mayor entre los indígenas que en el resto de la población.
No es nuestra intención polemizar con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre todo cuando reconoce también que tenemos herencias al interior de la región que perpetúan desigualdades y mecanismos de exclusión, que persiste una rigidez de las brechas productivas y que todavía hay poca movilidad social en grupos de baja productividad. Al contrario, el hecho de que el organismo haga énfasis en la necesidad de combatir este fenómeno social colocándolo como la máxima prioridad de los gobiernos democráticos responsables, resulta de mucho beneficio pues compromete a las administraciones de la zona a cumplir con una obligación que ya se ha postergado demasiado.
