Los más de 600 asistentes al XXVI Encuentro de Diáconos de la diócesis de San Cristóbal, exigieron que se respeten los procesos que se realizan desde los pueblos indígenas en defensa de la madre tierra.
“Nos solidarizamos en defensa de la tierra y los bienes naturales que Dios nos ha dado para vivir y nos unimos para decir ‘no’ a los proyectos extractivos que destruyen nuestra casa común”, añadieron los más de 600 asistentes de 20 parroquias, entre ellos los obispos Felipe Arizmendi y Enrique Díaz.
Expresaron su preocupación porque “en el pensamiento de los empresarios está primero el interés económico sobre el valor de las personas”, como se demuestra en Chicomuselo, donde se llevó a cabo la reunión de cuatro días, en cuyo territorio se han autorizado 16 concesiones mineras hasta por 50 años.
“Queda claro el interés por el despojo de los bienes naturales que inició en 2003, dejando contaminación ambiental, deforestación, violación de derechos humanos, división comunitaria y el asesinato de Mariano Abarca Roblero”, ocurrido en noviembre de 2009 en Chicomuselo, por oponerse a la explotación de minas.
“La estrategia de despojo del territorio en Chicomuselo (ubicado en la zona Sierra de Chiapas) es la misma que vemos en otras parroquias de nuestra diócesis y a nivel nacional, ante lo cual las comunidades, colectivos y organizaciones campesinas resisten y luchan como en Simojovel”, agregaron.
Los asistentes al encuentro pidieron al gobierno de los tres niveles que “asuma su responsabilidad y haga lo que le corresponde ante la manipulación de los programas sociales, amenazas, persecuciones, desprestigio del trabajo pastoral, represión e incluso uso de la fuerza ante las manifestaciones de inconformidad de los pueblos”.
En un documento dado a conocer al final del encuentro, exigieron “respeto a la vida y a la integridad del sacerdote Eleazar Juárez Flores, párroco de Chicomuselo, ante las campañas de desprestigio por su trabajo pastoral, y del pueblo creyente de Simojovel y de su párroco, Marcelo Pérez Pérez, recientemente amenazado de muerte”.
