En días recientes, la diputada local, Katy Aguiar Álvarez, presentó una iniciativa para reformar y fortalecer el artículo 424 bis del Código Penal, conocido como “Ley Ingrid”.
Esto con el objetivo de precisar y endurecer las sanciones contra servidores públicos que filtren y difundan imágenes, videos o cualquier material relacionado a homicidios y feminicidios.
Precedentes
Dijo que esto surge a raíz de casos de extrema violencia que han conmocionado a la sociedad como el feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México en 2020, donde fotografías del crimen fueron filtradas por policías, así como el reciente asesinato de dos niñas en San Juan Chamula.
En entrevista, la legisladora explicó que la iniciativa busca evitar la revictimización y proteger la dignidad de las afectadas y sus familias, responsabilizando directamente a los primeros respondientes de los sectores de salud, protección civil y seguridad pública.
“Es crucial dejar bien claro que esta medida va en contra de servidores públicos que, al ser servidores del pueblo, tienen la responsabilidad de actuar con respeto hacia las víctimas y sus familias. Deben evitar acciones que contribuyan a la revictimización y, por supuesto, que atenten contra la dignidad humana”, afirmó Aguiar Álvarez.
Puntos de fuga
Comentó que la ley se enfoca específicamente en el personal de salud, protección civil y seguridad pública que llega primero a la escena de un crimen, identificados como los principales puntos de fuga de información gráfica.
La diputada destacó la importancia de la comprensión y aplicación de la norma. Anunció que se planea solicitar a las autoridades la implementación de jornadas de capacitación obligatorias para los servidores públicos involucrados. “¿Cuál es el sentido de cambiar la ley si no la comprendemos y no la terminamos de aplicar?”, cuestionó.
Aguiar Álvarez reveló que la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado.
