Aunque Chiapas es una de las entidades con mayor riqueza hídrica del país, más de la mitad de sus viviendas no cuentan con agua entubada. Comunidades rurales e indígenas enfrentan una crisis que obliga a mujeres y niñas a caminar kilómetros para obtener el vital líquido.
En un estado abundante en ríos, lagunas y manantiales, el 52 por ciento de las viviendas no tiene agua entubada dentro del hogar.
Reservas
A pesar de disponer de una de las mayores reservas de agua dulce del país, la entidad se encuentra entre las de menor acceso al servicio y saneamiento, aseguró la asociación civil Cántaro Azul, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
De acuerdo con su diagnóstico más reciente, elaborado junto con especialistas del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias, más de 5.6 millones de chiapanecos viven en condiciones de desigualdad hídrica.
Las comunidades rurales e indígenas son las más afectadas: en muchas de ellas, mujeres y niñas deben recorrer largas distancias cada día para conseguir agua para cocinar, bañarse o lavar.
“Se trata de un problema estructural que refleja la falta de compromiso de varios ayuntamientos, y la ausencia de políticas públicas efectivas para garantizar el derecho al agua”, subrayó.
Gestión comunitaria
El documento también planteó la urgencia de reconocer constitucionalmente la gestión comunitaria del agua, una práctica ancestral en distintas regiones del estado, con el objetivo de garantizar la distribución equitativa y sostenible del recurso.
Pese a la gravedad del panorama, el avance institucional ha sido lento.
Este año, el Congreso del Estado autorizó a los 124 ayuntamientos chiapanecos la contratación de una deuda global de 7 mil 944 millones de pesos con Banobras, con el propósito de financiar obras prioritarias, entre ellas, el abasto de agua potable.
Sin embargo, hasta la fecha no existen reportes de solicitudes formales de estos recursos ante las comisiones de Hacienda o de Vigilancia del Congreso local.
Legislación
En agosto, el Poder Legislativo modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública, cambiando el nombre del Instituto Estatal del Agua por Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, una medida que busca estructurar mejor la dependencia y evitar la dispersión de esfuerzos para atender la crisis hídrica.
Pero los cambios administrativos aún no se reflejan en resultados concretos.
En la capital Tuxtla Gutiérrez el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) reconoció que cerca del 40 por ciento del recurso hídrico bombeado se pierde debido a fugas en la red.
Aunque el organismo reporta un bombeo de dos mil 600 metros cúbicos por segundo, decenas de colonias sufren cortes constantes y prolongados.
