El exalcalde de Pantelhó, acusado de acoso sexual agravado en contra de servidoras públicas, fue reportado con una crisis hipertensiva que le permitió probar, por unas horas, la libertad, para ser atendido en una clínica particular, pero después fue reingresado en el centro penitenciario conocido como “El Canelo”, en donde enfrenta el proceso penal en su contra, así lo reveló Rocío del Carpio, quien forma parte de la defensa legal del acusado.
Desde el momento en que el expresidente fue desaforado y después detenido, hasta la fecha no se han presentado avances significativos dentro de las partes involucradas; de hecho, en la zona aún están a la espera de que llegue la gobernabilidad y que se reanuden los trabajos gubernamentales.
Fue el martes (18 de agosto) cuando Santos López Hernández, exalcalde en Pantelhó, fue retirado de un centro penitenciario debido a que su estado de salud se agravó y, bajo estrictos protocolos, fue sacado del inmueble por elementos de la Subsecretaría de Sanciones Penales.
De acuerdo con lo informado por la parte legal a este medio de comunicación, el exfuncionario municipal fue llevado a Chiapa de Corzo para su atención; después de la aplicación de varios estudios médicos, se determinó que padece enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas hipertensión arterial y otras que han complicado su estado de salud.
“Por lo anterior, la defensoría legal del mandatario de Pantelho ha solicitado de manera formal, mediante oficio, las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la vida de su representado, buscando se respete y se avale jurídicamente el derecho humano a la protección de la vida y salud”, señala la información.
Lo que ahora viene en la parte jurídica para López Hernández es que sea considerado como un paciente con enfermedades crónico-degenerativas, pues con ello se abriría la posibilidad (en caso de recibir una respuesta positiva) de que su proceso jurídico lo enfrente de forma diferente.
Del Carpio, abogada del caso, manifestó que, con base en lo establecido en las reglas de Mandela, el Estado es responsable de cuidar la salud de los acusados y, por lo tanto, de que esté a salvo la seguridad física de López Hernández.
La abogada confió en que a la brevedad puedan obtener una respuesta favorable.
Finalmente, debido a que el traslado a una clínica particular en Chiapa de Corzo fue un procedimiento de urgencias, no se permitió documentar de forma fotográfica dicho suceso; sin embargo, la parte legal queda a la espera de una pronta respuesta.
