Considerando el tiempo que falta para que comiencen los trabajos de organización para las siguientes votaciones y lo que demoraría socializar un cambio tan sustancial, es prematuro que en estos momentos se lleve a cabo una reforma electoral para cambiar las reglas del juego en los siguientes comicios, consideró Efraín Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo del Distrito 09 del Instituto Nacional Electoral (INE).
Uno de los argumentos dentro de la iniciativa, es bajar de 11 a siete las consejerías en el instituto; explicó que esto no haría ningún cambio sustancial en la organización de las votaciones ni tampoco en la parte presupuestal, al contrario, al haber más espacios hay mayor pluralidad dentro de los asuntos que se discuten.
Como están las normas en el tema electoral en la actualidad, apuntó, han funcionado y han generado certeza y confianza en la ciudadanía en el momento de elegir a los representantes para los cargos de elección popular.
“No sería demasiado pertinente aplicar un cambio en las reglas del juego, eso implicaría un nuevo rediseño en el aparato electoral (...), en las condiciones en las que van a participar los partidos políticos y sus candidatos”, remarcó Lastra Everardo.
En su opinión, un ahorro de 13 mil millones de pesos para desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales no es lo más adecuado; que aunque después de que se llevan a cabo las votaciones estos órganos se reducen a su Consejo General y labores administrativas, dijo, el personal representa un punto de apoyo fundamental para las elecciones y el ejemplo claro es lo que sucederá en el 2024, cuando se renueve la presidencia de la República, los congresos locales y federales, además de los ayuntamientos.
Si desaparecen los OPLEs, remarcó el vocal ejecutivo, el INE tendría que absorber esa estructura y sería insuficiente para organizar votaciones locales, pues tendrían que calificar los votos, crear consejos distritales y municipales o crear figuras similares a los Organismos Públicos y ahí vendrían nuevos gastos.
Estimó que quitar las áreas administrativas de organismos y reducir el número de consejerías solo darán ahorros de entre un 5 y 8 % del gasto habitual; no obstante, un proceso electoral sí representaría una carga de trabajo importante para el instituto, pues tendría que controlar los programas de resultados preliminares, la capacitación y atender los temas locales, debido a que los contextos en todo el país no son los mismos.
Opinó que borrar a los organismos locales implica hacer ajustes a las constituciones de los estados y a las leyes electorales locales. “Creo que hay otros mecanismos que nos permitirían ahorrar, ser más eficientes en los procesos; al final de cuentas, quienes son las personas de aprobar las leyes no están viendo esas opciones para poder llevar a cabo esta mejora sin, en un momento dado, vulnerar las atribuciones de ambos organismos”, detalló.
Advirtió que cualquier cambio que se haga, basado en lo que está en la Constitución, tendría que concretarse antes de mayo de 2023, sin embargo, llevará tiempo que la ciudadanía se apropie de los cambios.
