El 1° de julio de 2018 se llevarán al cabo las elecciones más complicadas en la historia de nuestro país, ya que elegiremos Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores. Además, en Chiapas, se elegirá gobernador, 40 diputados y 123 presidentes municipales.
Con las elecciones más grandes de la historia de México cada vez más cerca, es fundamental que los ciudadanos conozcan y denuncien los 10 delitos electorales en los que podrían incurrir los funcionarios públicos, los partidos políticos, los candidatos, el ministro de culto y los ciudadanos.
La Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales (FEPADE) en Chiapas difunde los principales delitos electorales que los ciudadanos debemos conocer, que los partidos deberán evitar, la autoridad deberá investigar y perseguir, y los ciudadanos denunciar.
De esta manera, explica que comete un delito electoral quien se apodere, destruya, altere, posea, comercialice o suministre credenciales de elector, listado nominal, actas y paquetes electorales; quien solicite votos a cambio de dinero; quienes entorpezcan el desarrollo de las votaciones, entre los que hay que observar a los funcionarios y candidatos que acudirán a sufragar.
Asimismo, quien solicite evidencia respecto al sentido de su voto a través de fotos o con una declaración firmada; quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; quien se presente a votar con una credencial de elector que no le corresponde, y quien vote o intente votar más de una vez en una misma elección.
El acarreo de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en sentido del voto, también es un delito, explicó la FEPADE.
La Ley General en materia de Delitos Electorales sanciona penalmente con prisión, de dos años nueves meses a tres años, a los que comentan alguno de estos delitos.
El voto es libre y secreto, por lo que el Artículo 11, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, prohíbe a los funcionarios públicos coaccionar y amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña, llamen a votar o abstenerse.
La ley prohíbe cualquier acto de intimidación contra la libertad de voto o que se imposibilite el libre acceso de los votantes a la casilla. La pena va de 50 a 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión. En caso de que se lleve a cabo por personas armadas, la pena aumentará hasta en una mitad.
Las encuestas y sondeos son importantes para muchas personas que quieren saber en qué posición se encuentran los candidatos y los medios de comunicación son el actor más importante en la difusión de estos.
Sin embargo, durante los tres días previos a la elección y hasta el cierre oficial de las casillas, está prohibido publicar o difundir encuestas sobre las preferencias electorales de los ciudadanos, ya que el delito se sanciona hasta con tres años de prisión y 100 días de multa.
El artículo 130 de la Constitución establece que los ministros de culto tienen prohibido invitar a votar por un candidato, partido o coalición, ni invitar a abstenerse; la pena para los ministros de culto que cometan este delito se castiga hasta con 500 días de multa.
Finalmente, estos son los delitos electorales que la FEPADE perseguirá durante el proceso electoral Federal y Estatal del domingo 1 de julio, por lo que llama a la sociedad a denunciar las incidencias de las que, durante la jornada, sean testigos, para no dejar toda la labor al Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
El domingo 1 de julio se instalarán en todo el país 155 mil 484 casillas. Están empadronados y podrán ejercer su voto más de 87 millones de mexicanos.
Es tarea de todos lograr que el proceso electoral no esté viciado con conductas que, por obstruir esta libertad, se consideran, incluso, delictivas.
