El manejo de los recursos en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) fue transparente y auditado por entes locales y federales, enfatizó la expresidenta de este órgano local, María Magdalena Vila Domínguez, tras la polémica que enfrenta en estos momentos el Instituto Nacional Electoral (INE) por la forma en que se asignaron contratos.
Ella estuvo al frente del organismo local con la responsabilidad de coordinar los trabajos de las elecciones de 2024 en Chiapas, y de manera previa se hizo un estudio de mercado para analizar los costos de los documentos electorales.
Mejoraron
La hoy consejera de la Judicatura del Estado de Chiapas recordó que se logró un contrato por el orden de los 83 millones de pesos, cantidad menor a lo que ofrecían algunas empresas dedicadas a proporcionar ese servicio.
Vila Domínguez comentó que todo se realizó en orden y se buscaron las mejores opciones, a tal grado que se registró un ahorro millonario que fue regresado a las autoridades.
Remarcó que el manejo del recurso, cuando estuvo al frente del IEPC fue transparente y sometido a las revisiones de las auditorías locales y federales.
El tema de la documentación electoral, explicó, es complejo y que desde el 2014 se puso sobre la mesa, debido a que al ordenarse elecciones concurrentes no se dieron cuenta (las autoridades) de que solo pocas empresas en México se dedican a la producción de material para las votaciones.
Esto, dijo, provocó que muchos estados tuvieran elecciones empatadas con la federación y compraran a las mismas empresas en diferentes momentos, sin embargo, eso no implica de manera directa un delito.
Todas las instituciones, recordó, necesitan de servicios y proveedores en diversos temas, no obstante, se debe tomar en cuenta que no haya conflicto de interés y que los precios no estén elevados sin razón alguna.
Sobre el INE y la polémica que se generó por la distribución de contratos y el contexto en el que se hizo, sostuvo que esas acciones laceran a las instituciones.
Finalmente y para el caso de Chiapas, la exconsejera electoral del IPEC insistió en que los contratos en sí no constituyen ningún tipo de delito o acto de corrupción, al contrario, son documentos públicos que pasaron por auditorías.
