Es necesario un nuevo análisis a la propuesta de reforma a la Ley Nacional de Aguas, incluyendo a la opinión técnica y social de la agricultura, incluida la de Chiapas, explicó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca
Zuarth Esquinca explicó que la propuesta de reforma actual contempla multas que alcanzan los siete millones de pesos y penas de prisión de hasta 12 años para productores que enfrentan irregularidades administrativas, lo que —dijo— convierte a agricultores, ganaderos y silvicultores en “presuntos delincuentes por sembrar y producir alimentos”.
Otra complicación es que la actual propuesta propone eliminar los títulos de concesión para sustituirlos por permisos anuales, lo que otorgaría a un sector el control total sobre la distribución del agua, las tarifas, la infraestructura y hasta el derecho a regar los cultivos.
Dijo que otra inconformidad es la prohibición de heredar, vender o ceder derechos sobre el uso del agua rompe con la estabilidad patrimonial que miles de familias campesinas han construido por generaciones.
El presidente del PRI en Chiapas también alertó que los módulos y asociaciones de riego serían reemplazados por consejos designados desde oficinas federales, eliminando la participación de productores y desmantelando modelos de corresponsabilidad que han funcionado por décadas.
