La reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, obliga a efectuar adecuaciones para que accedan a edificios públicos y privados de uso público, destacó el diputado Juan Salvador Camacho Velasco.
La ley si bien considera el derecho a la accesibilidad en su capítulo cuarto, denominado “Accesibilidad y Vivienda”, este no se encuentra regulado en los espacios privados destinados al uso público, con lo cual este derecho se ve limitado a espacios públicos.
Bajo este contexto se busca establecer un mínimo de ajustes que garanticen el derecho a la accesibilidad de personas con discapacidad, ampliando la protección de la ley a los espacios privados de uso público.
Esto representa que será obligatorio establecer condiciones de accesibilidad en estos espacios, hospitales, iglesias, mercados, comercios, servicios, oficinas, entre otros.
Con esto se podrá dejar atrás una triste realidad, limitar el acceso a personas con discapacidad a diversos espacios.
Es cierto que se observa la implementación de más rampas, espacios de estacionamiento, baños públicos, elevadores, entre otros elementos en estos espacios.
No obstante, el proceso ha sido lento y en el caso de los edificios públicos construidos años atrás, sin entender criterios de accesibilidad, en muy poca medida han sido modificados por las implicaciones presupuestales y técnicas que implican.
Destacó que con la reforma se garantiza la eficacia de la ley, mediante la actualización de la denominación de dependencias públicas, conforme a la nueva organización de la Administración Pública Estatal.
Manifestó que concierne a todos no poner barreras en nuestro derecho a participar en la planeación, diseño y gestión de la construcción de ciudades accesibles e inclusivas, porque si un lugar no permite el acceso a todas las personas es deficiente.
