Una vez que entró en vigor la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación y que contempla sanciones de hasta siete años de cárcel y más de 48 mil pesos para quienes obstruyan el paso, el presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Arturo Marí Domínguez, confió en que las autoridades aplicarán el Estado de derecho a las organizaciones sociales o grupo de personas que de forma frecuente bloquean las carreteras y cobran dinero a los automovilistas para dejarlos pasar, de lo contrario, lo avalado en la Cámara de Diputados y aprobado en el Senado de la República quedará en “letra muerta”.
Lamentablemente, dijo, algunos grupos han visto en los “bloqueos-boteos” una fuente de ingresos bajo la justificación de una demanda, dicha acción -añadió- en muchas ocasiones ocurre debido a que no se aplican los desalojos en la caseta de cobro entre Chiapa de Corzo y San Cristóbal.
“Al contrario, los dejan operar o pedir dinero y después como que nada pasa. No se sanciona esta conducta ilícita, pero la ley ahí está. Si esto empieza como una realidad en Chiapas, vamos a empezar a tener una convivencia diferente”, consideró.
Con los ajustes a la Ley de Vías Generales de Comunicación, lo que esperan los sectores productivos es que los bloqueos vengan a la baja, de lo contrario, no tendría sentido que se ponga en marcha una legislación que castiga ese tipo de acciones que generan impactos negativos en la sociedad.
“Actualmente tenemos tramos carreteros completamente bloqueados, y no precisamente son casetas, la garantía constitucional de libre tránsito no se cumple en estos puntos de la entidad”, complementó el líder.
Será fundamental, apuntó, que las autoridades estatales pongan en marcha una estrategia similar a la que se usó para desalojar las miles de hectáreas que se encontraban invadidas en la entidad, ahí lo que se hizo fue aplicar la ley. En la opinión de Marí Domínguez, si dicha acción se repite, vendrá para la entidad un rumbo diferente en la atracción de inversiones.
Aplicar la ley en el caso de la obstrucción de las vías de comunicación o casetas, remarcó, no significa que se tengan que llevar a cabo actos represivos, al contrario, las sanciones serán para aquellos que obstruyan las vialidades.
Finalmente, el empresario compartió un número generado en 2016, cuando sobre el tramo carretero de Teopisca-Amatenango se generaron (en ese año) 196 bloqueos, lo que refleja la dimensión de problemas que se llegaron a tener en esa zona, y ahora, en diferentes regiones, se presentan manifestaciones que duran horas o días y se traducen en una caída económica que se ha vuelto incuantificable.
