El Estado mexicano ofrecerá una disculpa pública y firmará un acuerdo con los familiares de un niño que murió y de dos más que resultaron lesionados al estallarles una granada abandonada por efectivos de la 31 Zona Militar, ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo, a diez kilómetros de esta ciudad.
El acto está programado para el jueves 28 de este mes y se espera la presencia de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que participó en el caso para que se llegara a una solución amistosa.
Suceso
José López Cruz explicó que los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad de El Aguaje, que colinda con los terrenos de la 31 Zona Militar.
Contó que ese día, sus hijos José Leonardo y Ricardo López Hernández, de 17 y 11 años de edad, respectivamente, y su sobrino Ángel Díaz Cruz, de 7, salieron “a buscar hongos en los terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero como eran niños no sabían y entraron al campo de tiro”.
Señaló que sus dos hijos quedaron gravemente lesionados y su sobrino falleció el mismo día en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, debido a la gravedad de las heridas, ya que la granada le destrozó el estómago.
López Cruz manifestó que a su hijo José Leonardo “le afectó el pie y no quedó bien porque le dañó un tendón y no tiene movilidad en la parte del tobillo”, mientras que a Ricardo “se le salió la carne de la pierna”. Ambos permanecieron tres meses internados.
Entrevistado en su casa ubicada en la comunidad de El Aguaje, comentó que el campo de tiro militar “estaba cercado pero solo con alambre, por lo que los niños se pasaron” y encontraron el artefacto.
Fue la Fiscalía de Justicia Indígena la que inició el caso, pero luego la turnó a la Procuraduría General de la República (PGR), que la envió al fuero militar, “pero el Ejército nunca nos informó cómo quedó el expediente. Dijeron que encarcelaron a un militar pero nosotros no lo vimos”, dijo López Cruz.
