Recientemente se expuso una grave omisión del Estado mexicano al no garantizar el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano a los habitantes de la colonia Tierra Negra, en Tuxtla Gutiérrez, destacó el maestro en Derechos Humanos, Fredi Zavala Zavala.
Su investigación académica para obtener el grado de Maestro por el Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, devela que, desde su fundación en 1999, la comunidad carece por completo de estos servicios básicos.
Sin una gota
La tesis, titulada “La omisión del Estado por no garantizar el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano de los habitantes de la colonia Tierra Negra”, documenta que 100 % de sus aproximadamente 602 habitantes se ve obligado a comprar agua de pipa y a almacenarla en tinacos o cisternas.
Los costos mensuales que tienen que cubrir oscilan entre los 300 y 543 pesos por familia, monto que impacta severamente la economía de hogares de escasos recursos.
La investigación, que combinó análisis jurídico y trabajo de campo con entrevistas a habitantes, revela que esta falta de acceso ha derivado en serios problemas de salud pública.
Afectaciones
Entre las afecciones más recurrentes se encuentran enfermedades gastrointestinales, diarreas, dengue, infecciones en la piel y conjuntivitis, agravadas por la mala calidad del agua adquirida y por el rebalse de fosas sépticas ante la ausencia de drenaje.
A pesar de que el derecho humano al agua está reconocido en la Constitución Mexicana (Artículo 4°) y en diversos tratados internacionales, y de que el municipio es la autoridad directamente responsable de su provisión (Artículo 115 constitucional), los habitantes de Tierra Negra han visto desoídas sus solicitudes durante más de dos décadas.
Llamado
La investigación identifica que las autoridades municipales, estatales y federales competentes han incumplido con su obligación de proteger y garantizar este derecho fundamental, argumentando falta de presupuesto y el carácter ejidal del suelo.
El estudio urge a los tres órdenes de gobierno a actuar de manera coordinada para subsanar esta deuda histórica y hacer justiciable un derecho esencial para la vida.
