"Durante la nueva ronda de diálogos por la Seguridad, el presidente Felipe Calderón arremetió contra los jueces porque dejan libres a presuntos delincuentes, sólo ""porque le faltó una coma"" al expediente. La declaración revela cuál es el concepto presidencial sobre el debido proceso en el contexto de la lucha contra la delincuencia.
El mandatario reclamó que las declaraciones de los inculpados sólo valgan cuando se realizan ante un juez. Advirtió también que la reforma penal no es per se la solución para el momento de violencia que estamos viviendo. ""La transformación del sistema de justicia penal no resuelve el tema de la violencia"".
Estas declaraciones revelan la convicción del Presidente de que las formas, las garantías, son prescindibles frente a una situación de emergencia como la actual. A partir de esta visión se entiende porqué el eje de su política de seguridad se centra sobre sólo uno de los tres principios que aseguran el orden y la justicia en las poblaciones civilizadas: la policía.
Durante el gobierno actual se han invertido más de 200 mil millones de pesos en profesionalizar a la policía federal y en dotar de mayores recursos a las Fuerzas Armadas, lo cual no está mal. Pero al mismo tiempo ha habido una negligencia casi absoluta en la construcción de un Ministerio Público capaz de construir investigaciones serias, creíbles y contundentes. Las procuradurías siguen siendo, como en toda la historia de México, instrumentos políticos más que jurídicos. Esta deficiencia es aún más grave en el contexto mexicano, ya que el Ministerio Público tiene la facultad exclusiva, el monopolio, de iniciar el proceso penal.
Son pocos los jueces que se han comprometido con la cruzada contra el crimen. Muchos han optado por lavarse las manos como si la amenaza del hampa fuera un bulto que se debe esconder.
Lo cierto es que si las tres ruedas del engranaje judicial no están bien aceitadas -policía, Ministerio Público y jueces-, no hay forma de librar una batalla eficiente contra la delincuencia. Ensanchar sólo el aspecto policial y militar conduce, eventualmente, a la barbarie, que es justo de lo que se critica a los criminales.
La gran lección de los últimos cuatro años es que sin inversión ni reformas en jueces y ministerios públicos, la lucha contra el crimen organizado sólo puede derivar en la improductiva fuerza bruta.
O se reconstruyen las instituciones de justicia o nuestra sociedad sucumbirá ante el gobierno de la policía arbitraria. (El Universal)
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