Dos años han transcurrido desde que Jehú Ruiz Salazar, de oficio docente, fue estafado en la compra de un predio de 7.6 hectáreas por el que pagó 610 mil pesos, sin que hasta el momento las autoridades investiguen al presunto responsable.
Indicó que fue el 6 de septiembre de 2017 cuando compró el predio en el rancho Lorena, ubicado en el kilómetro 22 del tramo carretero Las Limas-Julián Grajales, municipio de Chiapa de Corzo.
Se enteró de la venta del terreno por medio de un aviso en un periódico, apareciendo como propietario Jesús José de la Cruz Durán, que funge como coordinador estatal del Frente de Organizaciones Sociales.
El trato de compra-venta lo realizó a través de un comisionado, posteriormente se entrevistó con De la Cruz, por primera y única vez. Acordaron que por cada hectárea Jehú pagaría 80 mil pesos.
Después de terminar de pagar e intentar obtener los documentos del terreno, se dio cuenta que Jesús José de la Cruz Durán no era el propietario. Además algunos amigos le comentaron que ya tenía antecedentes de denuncias por este tipo de estafas.
Las primeras veces que lo buscó para pedirle una explicación solamente le decía que había un problema y que lo resolvería, pero después prácticamente desapareció y no supo más de él, por lo que presentó una denuncia penal el 8 de octubre.
Desde entonces el proceso no presenta avances. De cuatro citatorios que han girado a De la Cruz Durán, no ha asistido a ninguno, y a pesar de ello, las autoridades no emiten una orden de aprehensión, argumentado fallas en el cauce de la demanda.
A pesar, dijo, de haber denunciado su situación a diversos medios de comunicación en estos dos años que han transcurrido.
Ante tal omisión, agregó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero hasta ahora no le ha servido de nada. Considera porque lleva muchos años al frente de la organización antes mencionada.
Comentó que como él hay otras 14 personas que aseguran fueron víctimas de la misma persona, y mantienen procesos penales por diferentes vías. Ninguno ha avanzado en una solución.
Después de haber pagado dicha cantidad, Jehú asegura que su situación económica quedó en la precariedad, por lo que tuvo que buscar otras alternativas para salir adelante, ya que dependen de él, tres hijos y su esposa.
También porque los abogados que ha contratado no le han ayudado en nada. Únicamente le piden dinero pero no le reportan ningún avance. Asegura que ha gastado al menos 100 mil pesos en sus honorarios.
Reiteró el llamado a las autoridades para que el caso proceda conforme a la ley, en favor de todas las presuntas víctimas.
