El asesinato de Edgar Millán Gómez, comisionado de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, es la última evidencia de que el país enfrenta una verdadera guerra contra el crimen organizado, concretamente los cárteles de la droga.
Decir que estamos en guerra no es un capricho retórico. Si hay referentes de que la muerte de mil personas derivadas de un conflicto es considerado ya una guerra, un argumento en ese sentido rebasa por completo el tono melodramático.
Los crecientes hechos de sangre en diversos estados del país apuntan a un conflicto prolongado y cada vez más amplio al que la sociedad no puede permanecer indiferente o al margen.
Cerrar los ojos sólo fortalece a la delincuencia organizada. Abrirlos y bloquear espacios de tolerancia social a los criminales puede ser de alto riesgo para algunos, cierto, pero de beneficio para la mayoría en el largo plazo.
Como problema social, la lucha contra los cárteles dejó de ser un problema puramente policial, amén de que las policías parecen sobrepasadas por el fenómeno y el Ejército ha tenido que intervenir como última línea de defensa.
De hecho los recientes asesinatos de Millán y otros dos mandos de la PFP son un reto al que la sociedad, como parte del Estado, no puede permanecer ajena. Los funcionarios asesinados eran parte de la estructura encargada directamente del combate al narcotráfico, y el que sus asesinos hayan sabido incluso dónde vivían lo hace más grave.
Esta situación es insostenible en su forma actual. Es positivo para la salud nacional senalar las fallas del Ejército y sus violaciones a derechos humanos, o quejarse de la corrupción y la ineficiencia de las policías y funcionarios judiciales. Pero enfocar el fenómeno bajo ese solo ángulo es un error ominoso.
Es en estos momentos cuando hay que construir la cohesión social. Apoyarlos es una obligación social, política e histórica. No se trata de excusarlos de la observancia de la ley o pasar por alto sus impropiedades, sino de respaldar lo que al fin y al cabo es una labor de Estado para preservar la vida y la integridad de sus integrantes: nosotros.
El Estado mexicano no es el gobierno, aunque los políticos quieran darle esa connotación; es la suma de los mexicanos y sus instituciones.
Y es el Estado mexicano, como un todo, el afectado por los grupos de crimen organizado. Todos somos parte de esa guerra, directa o indirectamente, y por tanto todos debemos actuar, sea con denuncias o con información, con educación cívica o con atención a ninos y jóvenes.
Pero sobre todo, con la conciencia de que nos jugamos el futuro del país. En la medida en que nos mantengamos pasivos y al margen por discrepancias políticas, emocionales, ideológicas o programáticas habrá de hecho una complicidad por omisión con el enemigo real.
Al crimen organizado no le importa la ideología ni la justicia que pueda asistir a la sociedad, ni se va a detener en sus fines porque el gobierno sea del PAN, del PRD o del PRI. A fin de cuentas, lo que le interesa es su propio poder y provecho, no el beneficio nacional por más mínimo que parezca en la escala actual del cuerpo político de México. (El Universal)
