Eliminar los estereotipos de género que violentan a las mujeres es un reto que, como sociedad, tenemos que asumir cada quien desde su trinchera; “los órganos electorales podemos generar un modelo de atención y sanción a la violencia política contra las mujeres en razón de género”.
Lo anterior lo manifestó la consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Sofía Margarita Sánchez Domínguez.
Indicó que el obstáculo más grande es lograr un cambio en la cultura cívica, para que dentro de las comunidades indígenas se rompa con dichos estereotipos de género, que evitan que las mujeres sean postuladas a puestos de toma de decisión.
Refirió que las manifestaciones de violencia no son las mismas, no se sufre igual cuando se es candidata en una urbe que en un municipio donde persisten los sistemas normativos indígenas. Es importante conocer los distintos contextos que violentan los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Apuntó que el próximo 6 de junio de 2021 se celebrarán elecciones en 123 municipios por el sistema de partidos y en uno (Oxchuc) por sistema normativo indígena.
De los 123 municipios, 24 tienen 90 por ciento o más de población indígena, en algunos de ellos la mayoría de sus habitantes es monolingüe.
Además, seis municipios tienen menos del 90 por ciento de población indígena, cinco con menos del 70, cinco con menos del 60, y tres entre 50 y 60 por ciento.
De esta forma, de los 43 municipios que tienen más del 50 por ciento de población indígena, donde habría que garantizar candidaturas indígenas, casi en su totalidad tienen población indígena.
En estos municipios persisten los sistemas normativos indígenas, que coexisten con el sistema de elección constitucional (partidos políticos). En ellos, el máximo órgano de decisión sigue siendo la asamblea comunitaria, general o municipal, a través de la cual toman decisiones.
Incluso esas asambleas llegan a elegir a qué personas de las comunidades van a postular, para integrar el Ayuntamiento correspondiente, luego son postuladas por los partidos políticos.
De tal forma que esa falta de reconocimiento a los sistemas normativos indígenas ha generado tensión, particularmente a partir de que se hace obligatorio el cumplimiento de la paridad de género en todo.
Otro espacio en donde también son violentadas las mujeres es en las postulaciones por representación proporcional, tanto en las curules para integrar el Congreso como para las regidurías de los municipios.
Esto porque las propias reglas de paridad obligan a que las listas nones las encabecen mujeres, y en el caso del Congreso, cuando se tenían cuatro circunscripciones en el proceso electoral anterior, daba como consecuencia que de las 16 curules 13 fueran para mujeres y tres para hombres.
En las regidurías se asignan dos y en muchos municipios tres, de tal forma que donde se asignan tres hay dos mujeres y un hombre, “entonces ser mujer y ser de oposición como regidora por representación proporcional implica un gran reto, y en consecuencia un espacio donde son vulnerados sus derechos”.
