La propia Ley de la Guardia Nacional obliga a su personal a discriminar, pues no establece criterios objetivos para determinar qué personas pueden ser sujetas a una revisión migratoria, dio a conocer el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
Bajo este contexto está el amparo en revisión 69/2019, a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que se pretende rectificar la labor de la Guardia Nacional (GN) en acciones de control migratorio.
Sin embargo, no se toma en cuenta el mensaje equivocado que se daría a la población el equiparar a la migración con un delito, además, de forma indirecta se avalaría la xenofobia y se actuaría contra lo que la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió en 2022, al declarar inconstitucionales las revisiones migratorias.
En 2019 se promulgó la Ley de la Guardia Nacional y desde el primer momento los uniformados también se convirtieron en agentes migratorios, y en solo en el mes de junio se desplegaron más de 21 mil elementos a la frontera sur y norte del país.
En la documentación de varias organizaciones se tienen reportes de detenciones arbitrarias, revisiones migratorias bajo perfilamientos raciales, agresiones, violaciones sexuales, privación de la libertad y hasta desapariciones forzadas contra personas migrantes que se han acumulado; mientras que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) existen más de 600 quejas.
“El artículo 9 fracción XXXV de la Ley de la GN, obliga a su personal a discriminar, pues no establece criterios objetivos para determinar qué personas pueden ser sujetas a una revisión migratoria, (...) generando un amplio margen de discrecionalidad”, explica el instituto.
