La Ley del Impuesto Sobre la Renta desde hace tiempo dispone de un estímulo fiscal, entendiendo por ello como una cantidad que los patrones pueden disminuir de su base de impuestos en caso de contratar empleados con discapacidad o adultos mayores.
Néstor Gabriel López, contador público certificado, comentó que esto se conoce como “inclusión laboral” desde los estímulos fiscales, con lo que se pretende coadyuvar con la inserción al mercado formal de personas con alguna condición de vulnerabilidad.
Mencionó que el pasado 17 de mayo de este año, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso de la Unión, dispuso un estímulo fiscal para jóvenes de entre 15 y 29 años.
La iniciativa puntualiza aspectos muy importantes como la informalidad tan alta que se tiene en el mercado mexicano, donde prácticamente el 40 % de los jóvenes que están empleados (o son económicamente activos) no tienen las condiciones de un trabajo digno.
Lo destacable es que los legisladores están considerando a los jóvenes para estimular las áreas de trabajo, debido a que aparentemente carecen de experiencia y por eso dejan de ser contratados, siendo ahí donde entra la vulnerabilidad.
No obstante, el estímulo lejos de generar condiciones de igualdad generará desigualdad, es decir, si pones a un joven de 29 años (el límite de edad para el mismo) con uno de 30 (por el que ya no es posible recibirlo), los patrones preferirán contratar a aquellos que entren dentro del beneficio fiscal.
Obviamente, el factor capacidad para trabajos calificados va influir en la contratación, pero en trabajos no calificados será una gran oportunidad para el empresariado mexicano el tener esos estímulos.
Refirió que las grandes compañías, según el Banco Mundial (BM), desde el 2018 se centran en traer inversiones en México, en tres puntos: estabilidad política, seguridad en todos los aspectos y en el entorno legal y normativo estándar. Esto pese a cualquier otro incentivo.