Daniel Iván Hernández, estudiante de medicina, denunció presuntos abusos, hostigamiento y negligencia en el hospital general de Yajalón “Dr. Manuel Velasco Siles”, donde realizaba su internado. El joven destacó haber sido obligado a firmar un oficio, que lo dejó sin derecho a continuar su formación. Al mismo tiempo, pidió la intervención del gobernador para obtener justicia.
El joven estudiante, relató que sus propios compañeros lo obligaban a cubrir dobles turnos y guardias extras, mientras ellos se ausentaban para atender compromisos personales.
Testimonio
Según su declaración, al estar inconforme con la jefa de enseñanza, fue confrontado por otros internos quienes lo rodearon, lo amenazaron e incluso intentaron agredirlo físicamente.
El hecho no pasó a mayores gracias a la intervención de una enfermera, que ingresó en ese momento.
Además, aseguró que, lejos de recibir apoyo institucional, la respuesta de la dirección fue pedirle que solicitara su cambio.
Sin embargo, al presentar el oficio indicado por la doctora responsable, descubrió que en realidad había sido engañado. El documento fue tramitado como una baja definitiva y con ello perdió el derecho a continuar su internado.
“Me dijeron que para darme el cambio debía pedir mi baja, pero eso me perjudicó. Ahora me dicen que ya no tengo derecho a nada. He acudido a todas las instancias, incluso a Palacio de Gobierno, pero solo me dan largas. Llevo más de dos meses sin solución”, denunció.
Daños colaterales
La situación ha generado preocupación también en su familia, quienes confirmaron que presenciaron el momento en el que se le indicó al joven cómo redactar el oficio, mismo que terminó afectándolo.
Por su parte, su abuela exigió la investigación del actuar de las autoridades del hospital.
“Lo engañaron, lo hicieron firmar un papel que lo dejó sin internado. Eso no es justo”, alertó.
Además de la pérdida académica, la familia recordó que se realizaron pagos superiores a los 32 mil pesos por inscripción y semestres, recursos que hoy se encuentran en riesgo.
Pide ayuda del gobernador
Ante esto, el joven solicitó al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la atención personal del caso para garantizar que se le restituyan sus derechos.
“No pedimos privilegios, solo que se me dé una solución justa. No cometí ningún delito; lo único que quiero es continuar mi formación como médico”, aseguró.
Finalmente, subrayó que hasta el momento no ha obtenido respuestas concretas por parte de las autoridades, convirtiéndolo en un problema no solo administrativo, sino educativo, ya que durante dos meses su desarrollo académico se ha visto comprometido ante una pausa indefinida.
