"Cinco días después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos balearan al mexicano Guillermo Martínez, que intentaba cruzar la frontera hacia California, el portavoz del Departamento de Estado de aquel país, Sean McCormack, calificó el hecho de ""triste"", y dijo que su gobierno responderá -""quizá no públicamente""- por los canales diplomáticos, a una nota de México que exige una investigación exhaustiva.
Por su parte, un vocero de la patrulla, con sede en San Diego, afirmó que Martínez era un contrabandista de personas que había sido detenido ya en 11 ocasiones anteriores.
Sorprende la lentitud y displicencia con que el gobierno estadounidense responde a tan grave hecho, en el que pierde la vida un mexicano. También asombra el intento de la Patrulla Fronteriza por minimizar el hecho y justificar el asesinato porque -dice- el mexicano tuvo 11 detenciones previas, como si eso -en el caso de ser cierto, lo cual tiene que ser probado- fuera causa suficiente para darle muerte; de esa manera estaríamos ante una forma indirecta y discrecional de aplicación de la pena capital por parte de los agentes migratorios de EU. Estos sucesos muestran la urgencia de regular la migración de trabajadores entre los dos países, meter orden en la frontera y de olvidarse, de una vez por todas, de medidas abusivas impulsadas por grupos retrógradas del gobierno y Congreso estadounidenses, que se dicen sorprendidos por el fenómeno migratorio, pero sedientos de mano de obra barata para alimentar su economía.
Esta perversa doble moral de Estados Unidos no se sostiene más y atenta contra los derechos humanos de millones personas que buscan el sustento de manera honrada, trabajando en fábricas o campos de aquel lado de la frontera, que florecen gracias a su empeno. Sería muy lamentable que en EU se solapara este tipo de asesinato.
México ha de hacer su parte para presionar en serio por integrar un acuerdo migratorio con Estados Unidos, que si bien respete las leyes de cada una de las naciones, también reconozca realidades inevitables, como la necesidad de compartir trabajadores que, de manera ordenada, puedan ofrecer sus servicios a empleadores allende el río Bravo, sin tener que sortear la muerte que hoy ofrecen una frontera hostil y unos agentes fronterizos dispuestos, por lo visto, a disparar a la menor provocación. La defensa de la vida, integridad física y derechos humanos de nuestros connacionales en suelo estadounidense ya no puede postergarse más, sino que requiere de una trabajo serio y constante de nuestro gobierno para sacar adelante una iniciativa que sería mucho más benéfica para ambos países que construir muros o disparando aleatoriamente a algunos de los millones de seres que inevitablemente cruzan la frontera cada ano.
No puede haber más muertos por insolación en el desierto o asfixiados en tráileres y vagones de ferrocarril o abatidos por las balas de una policía incapaz y soberbia. Tampoco es pertinente seguir incrementando los puntos de conflicto en la relación diplomática de ambos países, tan deteriorada en los últimos meses por obra de incidentes de este tipo, que nos advierten que en el tema migratorio, todo sigue igual.
El asesinato de Martínez debe ser aclarado a cabalidad y debe llevar al castigo que en ley procede, al responsable del homicidio. Ojalá que no ocurra ahí, como en otras ocasiones, que el criminal sea liberado a unos cuantos meses, en nombre de la libertad y la democracia. (El Universal).
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