Con ocho homicidios cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en cinco años, Chiapas figura entre las seis entidades que concentran el 64.15 % de estos delitos en todo el país.
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) en conjunto con Aluna Acompañamiento Psicosocial AC elaboraron la publicación “Personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México”.
Se menciona que de diciembre de 2018 a diciembre de 2022 se registraron al menos 59 homicidios de personas periodistas y 107 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, situación que se ha agravado con el paso de los días.
En este periodo las seis entidades que concentran el 57.62 % de los homicidios cometidos contra periodistas son: Veracruz, con nueve; Sonora, cuatro; Guerrero, cinco; Michoacán, cinco; Oaxaca, cuatro; y Estado de México, tres.
Mientras que las seis entidades que concentran el 64.15 % son los estados de: Guerrero (22), Oaxaca (16), Chihuahua (9), Chiapas (8), Morelos (7) y Veracruz (6). “Las principales personas agredidas son quienes defienden el derecho de acceso a la justicia, verdad y reparación, medio ambiente, derechos sociales y derechos de personas migrantes”, detallaron.
En el caso de las personas periodistas, la impunidad relacionada con los homicidios cometidos durante diciembre de 2018 a junio de 2022 alcanza el 87.93 %, con tan solo siete sentencias emitidas; en el caso de las personas defensoras asesinadas, este porcentaje es del 98 %, con únicamente dos sentencias judiciales.
Según las cifras oficiales, las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas provienen en un 45 % de personas servidoras públicas —quienes tienen el deber de protegerles— y en 36 % de particulares, en específico de empresas y actores del crimen organizado.
Además de las agresiones contra su vida, las personas defensoras y periodistas enfrentan campañas de desprestigio, actos de intimidación, hostigamiento, amenazas y agresiones físicas y digitales, detenciones arbitrarias, uso del sistema de justicia en su contra, desaparición, desplazamiento forzado interno, entre otras.