Funcionarias del Ayuntamiento de Pantelhó llevan tres meses de estar siendo violentadas en el día a día trabajando bajo las órdenes de su agresor, “eso es inhumano, pero lo es más que las instituciones responsables de garantizar sus derechos las revictimicemos al traerlas de una ventanilla a otra, para otorgarles justicia pronta y expedita”.
Lo anterior lo manifestó la consejera electoral Sofía Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), durante la última sesión ordinaria del Consejo General de este organismo.
Específicamente sobre el informe de la secretaria ejecutiva respecto del cuaderno de antecedentes número IEPC/GA/CG/CQD/WLLG/054/2020, relativo a la queja presentada por las ciudadanas Wendy López Gochez y Federica Gómez Díaz, funcionarias del Ayuntamiento de Pantelhó, en contra de Santos López Hernández, presidente municipal.
Hizo un llamado a las instituciones responsables de atender este tipo de casos; al Congreso local; a la Fiscalía General; a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y al propio Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres, para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones.
Detalló que se trata de un asunto que inició en abril del presente año y del que recientemente tuvo conocimiento formal el instituto.
Concretamente apuntó que el 4 de abril las quejosas levantaron la denuncia ante la Fiscalía Indígena mediante el fiscal del Ministerio Público investigador, sin hacerles entrega de una copia de la misma, es decir, no les garantizaron su derecho.
Ambas solicitaron las copias correspondientes pero les fue negada bajo el argumento de aún no estaba integrado el expediente.
Posteriormente la Fiscalía emitió medidas cautelares sin darle cumplimiento a las mismas.
El 6 de abril presentaron una extensión de la denuncia por actos de difamación, respecto a que pegaron carteles en todo el municipio que decían que Wendy López, secretaria de Protección Civil, usurpa funciones para extorsionar al pueblo.
Intimidación
Esto fue un día después de que presentaron la denuncia ante la Fiscalía, lo que demuestra que buscaron intimidarlas; a esto se suma que actualmente no cuentan con medidas de protección, con un abogado defensor y la coordinadora de Protección Civil no cuenta con recursos financieros ni materiales para desarrollar su trabajo.
La consejera electoral mencionó que el 9 de julio recibió el escrito de queja asignado por dicha ciudadana en contra el alcalde.
La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió desecharla pero estableciendo que se remitiera copia a la Fiscalía General del Estado.
Esto a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda, dicte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las denunciantes, y en caso de determinarlo procedente, se inicie la carpeta de investigación correspondiente; así también remitirán copias al Congreso local y al Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres.
Apuntó que hay diversos elementos para asegurar que es un caso de violencia política contra las mujeres, en el marco de la reciente reforma en la materia, pero que por tratarse de funcionarias en puestos de designación y no de elección popular, desafortunadamente el IEPC no cuenta con atribuciones para entrar al estudio de fondo, pero no es omiso.
Para finalizar, la consejera se comprometió a que desde su comisión se siga impulsando junto a la Comisión de Prevención que encabeza el fiscal electoral, los trabajos para tener listo el protocolo estatal para atención de víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género.
