Debido a la irresponsabilidad que demostraron para cumplir con una de sus obligaciones legales, durante su permanencia en la administración como alcalde interino, síndico y regidores, varios miembros del cabildo que concluyeron con el periodo del 2008-2010, han sido sancionados económicamente y para lo cual han sido notificados por las instancias correspondientes para que asuman la responsabilidad.
De acuerdo a la versión dada a conocer este martes, integrantes del pleno dieron a conocer lo anterior “en confianza con sus amigos y familiares”, que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, les ha requerido pagar la cantidad de 223 mil pesos, por violar lo establecido en Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y la de Fiscalización Superior del Estado.
Se cita que los integrantes del cabildo incurrieron en la irregularidad durante el periodo que Luis Beltrán Arguello Trejo estuvo al frente de la administración municipal, al no cumplir con su deber jurídico de presentar al congreso del estado los avances mensuales de la Cuenta Pública de los meses de agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre del 2010.
Quienes integraron en su momento el cabildo que inicio el panista Carlos Leonel Solórzano Arcia, han sido requeridos de pago a través de la secretaria de Hacienda del estado, para que cubran la sanción correspondiente y eviten que la sanción económica tenga un aumento, como hasta ahora, considerando que el adeudo histórico fue de 163 mil pesos aproximadamente.
Algunos de los regidores –en su mayoría- de escasos recursos económicos, señalan que la irresponsabilidad directa fue de quien fungió como alcalde sustituto Luis Beltrán Argüello Trejo, quien a pesar de los múltiples llamados del cabildo y esencialmente de los regidores de los partidos de oposición para que diera cumplimiento a la ley, este hizo caso omiso y sin considerar que su falta, les provocaría un grave daño posteriormente.
Trasciende de manera extraoficial que en caso de quien fungió como alcalde sustituto el monto que deberá pagar como sanción económica, supera los doscientos sesenta y ocho mil pesos a fin de evitar que las autoridades hacendarias procedan en su contra y le embarguen bienes de su propiedad para garantizar la liquidación de dicha sanción.
