Hoy se cumplen 111 días del plantón que mantienen en la ciudad de Oaxaca la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), en medio de unas difíciles pláticas en la Secretaría de Gobernación y en el contexto de una serie de hechos violentos que no sirven a la distensión del conflicto.
Una demanda originalmente salarial de los maestros devino en exigencias de tipo político, que han complicado el problema hasta hacerlo prácticamente un asunto de sobrevivencia social para el estado de Oaxaca.
El hecho de que el gobierno federal, el estatal y representantes del grupo inconforme tengan la suficiente voluntad para sostener un diálogo es importante y debe destacarse como un logro de la sensatez y el privilegio de la negociación y la política por sobre el uso de la fuerza.
Por lo mismo, no es congruente con tal espíritu negociador que en la capital de aquel estado se registren acciones violentas, propiciadas por algunos grupos extremistas que integran un movimiento social oaxaqueno, en aras de imponer unilateralmente su ley, al margen de cualquier otro poder legítimamente instaurado y que pone en riesgo la seguridad de la población, que es la que al final queda como su rehén. Esto es inaceptable.
Por muy molestos que se encuentren los integrantes de la APPO o del magisterio, causa estupor ver escenas de personas detenidas de forma arbitraria, de día o de noche, humilladas en sus derechos humanos y juzgadas por un tribunal popular, en plena calle. Ya hemos visto cómo se les ata.
Todo esto agravia a una población que, ante un vacío legal, se siente indefensa.
Por eso, no conviene a nadie negociar en dos vías diferentes: sentados en una mesa a nivel federal y, por otra, llevando el conflicto, en los hechos, a una radicalización innecesaria.
La política es el arte de conciliar y llegar a acuerdos. En este terreno, ninguna de las partes asume que tiene la verdad absoluta, y por lo tanto, cede espacios y reivindicaciones en favor de soluciones prácticas, que beneficien a la sociedad y a la economía del estado de Oaxaca.
Esta es la ruta que conviene a dicho conflicto y a México, en lo general. La de poner en la mesa los temas y alejarse de los extremos y las intolerancias; sin duda, esto produce un obstáculo en el avance del país.
Oaxaca requiere con urgencia recobrar su normalidad social, política y económica. No puede pasar más días en el limbo gubernamental ni con comercios cerrados ni con los ninos sin escuela, entre otros graves problemas derivados del conflicto.
Por el contrario, todos estos elementos deben ser incentivos para encontrar soluciones lo más pronto posible.
El diálogo en Gobernación debe ser constructivo y rápido, pues el país no está para tener muchos focos rojos prendidos.
Las acciones de hostigamiento paramilitar y el virtual toque de queda impuesto a los oaxaquenos por el grupo opositor deben encauzarse por el reconocimiento de que los innegables problemas de la entidad sólo pueden resolverse con acciones de política de altura, que arroje resultados de largo plazo y duraderos. (El Universal)
