En el inicio del nuevo ciclo escolar con clases presenciales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó a los padres de familia a solicitar a las instancias correspondientes el programa “Mochila Segura”, que es una medida preventiva para generar confianza y seguridad dentro de las instituciones escolares, pues no se trata de acciones que contravengan los derechos de los alumnos.
El visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, recomendó que la solicitud es una opción de los comités de padres de familias, tanto de instituciones públicas como privadas, para que a través de su este organismo se solicite el programa Mochila Segura y con ello prevenir actividades ilícitas al interior de las instituciones educativas.
Este contempla la presencia de representantes de instituciones de seguridad y justicia: ministerio público, policías vestidos de civil y desarmados, representantes de derechos humanos y la supervisión de padres de familia, maestros y directivos de la institución en forma conjunta para garantizar el objetivo de estas acciones.
Antecedentes
En Tapachula, el ciclo escolar pasado tuvo dos eventos que llamaron poderosamente la atención pública: uno de estos, el hecho de que un joven estudiante de preparatoria recibió como obsequio una galleta artesanal que consumió y que terminó causándole afectaciones en su salud.
Según los médicos que lo atendieron, se trataba de un producto que contenía marihuana, con el objetivo de crear adicción en los estudiantes.
El otro evento habría ocurrido en una escuela particular, cuando menores de edad, estudiantes de secundaria, protagonizaron una confusión que generó una fuerte movilización policiaca y en la que se hablaba de un posible atentado dentro de la institución.
Con estos antecedentes y tras el regreso a clases, la recomendación es que los mismos padres de familia soliciten la implementación de Mochila Segura, ya que con este se pueden prevenir actividades ilícitas al interior de las escuelas.
Esta estrategia fue acreditada como una medida preventiva contra la violencia en los centros educativos del nivel básico y medio superior en las Mesas de Seguridad, en la que participaron instancias de los tres órdenes de gobierno para reducir los riesgos.
Se han hecho adecuaciones porque se generaron algunos señalamientos encontrados, calificándolo como un programa controversial, que en la actualidad se realiza con estricto apego a los derechos humanos de los estudiantes, respetando el derecho a la privacidad.
