Con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la agrupación Melel Xojobal hizo un llamado a todos los órdenes de Gobierno para que “todas las acciones públicas dirigidas al cumplimiento y protección de derechos de menores trabajadores, se desarrollen en el marco del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SEPINNA) tal como lo establecen la Ley General y la Ley Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Dijo que ello “significa que las acciones a nivel estatal y municipal que se deriven de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente y el SIGAETI deberán responder al Programa Estatal y los programas municipales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
En un comunicado pidió “generar información actualizada y pertinente, para definir prioridades y acciones para proteger a todos los niños y adolescentes de la explotación y la discriminación, diferenciando las actividades laborales de los niños que no representan un riesgo a su salud o desarrollo y más bien constituyen un medio para mejorar la economía familiar y alcanzar sus proyectos de vida”.
Pidió “incluir la participación real, activa, directa y continua de los niños trabajadores en la toma de decisiones respecto al diseño, implementación y evaluación de políticas de protección a sus derechos, garantizando mecanismos de participación amplios, transparentes e incluyentes”.
Así también, que “el Sistema Estatal de Protección asegure presupuesto suficiente para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y protegerles de cualquier forma de explotación”.
La agrupación manifestó que “alrededor del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, incesantemente se reproduce el discurso de funcionarios públicos de todos los niveles, que criminalizan el trabajo de menores sin distinción. Hablar de erradicar el trabajo infantil sin garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia, es muy común en Chiapas, así como la promesa de acciones inmediatas de corte asistencial, ante la ausencia de políticas públicas efectivas para ofrecer alternativas de supervivencia y desarrollo, a los más de dos millones de menores de edad que viven y transitan por el estado”.
Señaló que “en la esfera gubernamental existe un alto consenso sobre erradicar el trabajo infantil, pero prevalece la poca información sobre las estrategias, resultados y recursos invertidos desde el Estado para tal fin. En su lugar, se motivan acciones de criminalización y limpieza social, disfrazadas de políticas de atención a la infancia como las que suceden en ciudades como San Cristóbal de Las Casas, donde el interés empresarial y de embellecimiento urbano se coloca por encima del interés superior de los niños y adolescentes trabajadores”.
