En la sesión ordinaria del Congreso de Chiapas, presidida por la diputada Sonia Catalina Álvarez, el Pleno de la Sexagésima Octava Legislatura aprobó el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Ecología y Cambio Climático, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y al Ayuntamiento de Tonalá, para que en el ámbito de sus respectivas competencias atiendan y solucionen el problema de la falta de tratamiento de aguas residuales en la bahía de Paredón, con el objeto de mitigar la contaminación del agua y del medio ambiente.
En este sentido, el legislador Isidro Ovando Medina —al hacer uso de la tribuna— ofreció el apoyo a los ciudadanos y al Gobierno Municipal. También explicó cuál es el problema y cómo se está desarrollando la solución integral para dicha problemática.
En el desahogo de los puntos del orden del día, se aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción XLVI al artículo 32 y la fracción XLVI al artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas.
El diputado Rubén Zuarth Ramos explicó la razón de su propuesta de iniciativa del decreto por el que se crea la Comisión de Archivo y Patrimonio Documental, ya que eso hará que Chiapas sea el primer estado en contar con esa comisión, logrando así ser referente en las acciones de buenas prácticas legislativas.
Por otro lado, aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Recursos Hidráulicos relativo al punto de acuerdo mediante el cual respetuosamente se exhorta al Organismo de Cuenca Frontera Sur, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Delegación Chiapas, a que garantice el correcto funcionamiento integral de la unidad de riego Coatancito, A. C., y si es necesario, realizando actos de autoridad para hacer valer sus derechos como legítimos concesionarios.
El diputado Isidro Ovando Medina también expuso que la propuesta es que la Comisión Nacional del Agua garantice a los campesinos el acceso al vital líouido para regar sus tierras, incluso que participe la Guardia Nacional, ya que es un uso legítimo de la fuerza pública.
