Intelectuales, académicos, periodistas y políticos han hecho un llamado al Senado de la República y a su Comisión de Comunicaciones y Transportes para que no aprueben por mero trámite las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía turnadas por la Cámara de Diputados, sino que las sometan a una concienzuda y responsable revisión, sin presiones y con el tiempo suficiente, en vista de las consecuencias indeseables que pueden tener para el desarrollo democrático del país y para la industria misma. Las reformas, promovidas súbitamente el jueves 1 de diciembre por un diputado promotor de facto de la principal empresa televisora de México, prácticamente aumentan los privilegios de que ya goza, puesto que establecen concesiones por 40 anos, eliminan la discrecionalidad en el otorgamiento de las mismas, pero proponen licitarlas con subasta, dando preferencia a los ya concesionarios, lo que propicia concentrar la propiedad de los medios en lugar de abrirla.
También permiten que las frecuencias liberadas por el tránsito de los sistemas analógicos a los digitales queden en las mismas manos, graciosamente, para destinarlas a servicios de internet y telefonía. Algunos concesionarios agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión protestaron, sorprendidos, por las reformas que perjudican a la mayoría, en beneficio de los más poderosos. Muchas voces se han alzado para detener la aprobación de tales reformas. Queda claro que hay una inconformidad generalizada por la decisión de los diputados. Ahora está en manos del Senado darle a los mexicanos una muestra de mayor sensibilidad política y social. No son tiempos para mayores divisiones en el país, ni siquiera en los partidos y dentro de los propios grupos parlamentarios que hacen las leyes.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones ha advertido ya de la gravedad de las reformas, que concede desmedidas ventajas a los concesionarios mayores, quienes han mostrado una gran capacidad de cabildeo en el Congreso.
La iniciativa de reformas, súbitamente aprobada por los diputados, dejó fuera otros proyectos más completos, largamente discutidos, que ponían su atención en los medios no como meros instrumentos de comunicación, sino como sistemas de gran capacidad para contribuir al desarrollo social, a la difusión cultural y a la recreación, a la participación política plural y abierta.
Es muy clara la postura de los firmantes de dos cartas en su llamado a la reflexión para que las iniciativas sean analizadas en detalle, con atención a los puntos senalados reiteradamente por especialistas, periodistas, políticos y concesionarios, atendiendo la mesura y la concordia de los intereses particulares con los de la nación.
Ningún sector, por poderoso que sea, y menos una parte del mismo, puede influir en una legislación formulada a la medida del fortalecimiento de un emporio que ya tiene una fuerza avasallante en la industria televisiva y que a sus muy altos rendimientos económicos aúna la posibilidad de influir en la política y en el gobierno.
Es preciso tomar en cuenta la coyuntura electoral que atraviesa México y pedir a los legisladores que no abonen el terreno de la duda y la sospecha de que anteponen los intereses de grupo a los nacionales. Hoy es el tiempo de la inclusión, de la honestidad, de la unidad, tiempo de oír para ganar la credibilidad que tanta falta hace al gobierno. Ahora el Senado de la República, en opinión de los firmantes de la carta, es quien debe resolver si atiende las válidas objeciones expuestas y asume su responsabilidad o si se somete a intereses de particulares.
Es deseable que los senadores den una prueba de integridad, de responsabilidad y de identificación con las necesidades de todos los mexicanos, más que de sumisión al poder económico particular, por legítimo que éste sea. Pronto lo sabremos. (El Universal).
