En abril de 2011, la vida de Verónica Ordóñez Roblero cambió para siempre. Un accidente automovilístico provocado por la unidad de una empresa vinculada a un funcionario público, le causó un traumatismo craneoencefálico severo, dejándola con parálisis en la mitad del cuerpo y condenándola a una silla de ruedas.
A pesar de que un fallo judicial obliga a dos empresas locales —Asesoría Comercial de Chiapas S.A. de C.V. y Exclusivas en Tuxtla S.A. de C.V., distribuidoras de la marca Superior en el sureste— a reparar el daño, estas han evadido sistemáticamente su responsabilidad mediante recursos legales y amparos, prolongando una batalla que ya dura 14 años.
Verónica, contadora de profesión, tenía una carrera prometedora antes del accidente. Hoy depende de una pensión del IMSS, un apoyo federal y el esfuerzo de su padre, quien, a pesar de su edad, sigue trabajando para sostenerla a ella y a su hija.
Le cambió la vida
“Este accidente no solo me quitó la capacidad de caminar, sino también mi independencia y años de tranquilidad. Las empresas responsables han usado su poder económico para burlar la justicia, mientras yo sigo esperando que se haga lo que un juez ya ordenó”, denunció.
El abogado Rosemberg Díaz Pérez, representante legal del caso, señaló que la Secretaría de Finanzas ha recibido tres oficios del Juzgado de Ejecución Penal de Cintalapa, pero no ha ejecutado el embargo de bienes, a pesar de que la deuda ya es considerada un crédito fiscal.
“Hay un funcionario de alto nivel, dueño de una de las empresas involucradas, que estaría obstruyendo el proceso. Es inaceptable que el poder económico prevalezca sobre la justicia y la dignidad de una víctima”, acusó Díaz Pérez.
Ante la falta de avances, Verónica ha apelado directamente al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, recordándole su compromiso de Cero Corrupción y Cero Impunidad.
“Mi lucha no es solo por mí, es por mi hija y por todas las personas que enfrentan injusticias. Después de 14 años, solo pido que la sentencia se cumpla”, expresó.
Recientemente, las partes fueron citadas por autoridades estatales para revisar el caso, generando esperanzas de que finalmente se logre justicia.
