“Lo único que quiero es que me regresen el local del que me despojaron ilegalmente porque es mío”, afirmó Sara Toledo Sánchez, una de los cerca de 37 locatarios del mercado público tradicional Dr. Belisario Domínguez, ubicado en la cabecera municipal de Ocosingo.
Contó que la directiva de la central de abasto la despojó de su puesto la noche del 14 de septiembre pasado, cuando se encontraba fuera de Ocosingo a causa de que intervinieron a una de sus hijas por un padecimiento de cáncer.
Ante los “abusos” de la directiva, ella y 36 locatarios más se adhirieron al Congreso Nacional Indígena (CNI) y buscaron la asesoría del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“Nos organizamos como una forma de resistencia para que nos respeten. Lo único que pido es que me regresen el local, es mío desde hace muchos años y llevo trabajando ahí más de dos décadas”.
Toledo Sánchez relató que “por la situación de mi hija me fui, dejé a una persona encargada del puesto, pero la noche del 14 de septiembre le avisaron los integrantes de la directiva que fuera a sacar las cosas, y luego llegaron ellos mismos y las sacaron, sellaron el local y le pusieron candado”.
Agregó que cuatro días después lo soldaron y desde entonces está cerrado en su totalidad. “Quieren que yo pague 150 mil pesos para que me lo devuelvan, con el argumento de que el local no es mío y que no soy dueña, pero es en represalia porque me retiré del grupo que ellos controlan. Nosotros nos salimos por las altas cooperaciones que nos pedían”.
Madre de seis hijos y viuda desde hace 21 años, Sara pidió a las autoridades de los tres niveles que “hagan algo para que nos devuelvan los locales que son nuestros”.
Comentó que “cuando muere un locatario, los miembros de la directiva se los quedan de forma automática y los venden en 150 mil pesos, no permiten que sus hijos se los queden. Así ha pasado con tres o cuatro que han fallecido”.
