Miles de habitantes de 33 comunidades del municipio de Bochil realizaron este viernes una marcha en el tramo Bochil-Soyaló para pedir la urgente intervención de las autoridades federales a fin de impedir que el alcalde Gildardo Zenteno Moreno, realice obras de infraestructura con constructoras propiedad de sus familiares y amigos que reciben asignaciones directas.
Los inconformes puntualizaron que el recurso de este 2020 es superior a los 90 millones de pesos para obras pero desafortunadamente los trabajos se realizan a medias o no se terminan, pero nadie rinde cuentas por que los constructores son cercanos al alcalde.
En esta movilización, que partió del desvío Pomiló, José Luis Pérez Díaz, vocero de las 33 comunidades inconformes, dio a conocer que Gildardo Zenteno ha implementado un sistema de contratación de obra directa para las comunidades, pero aprovecha a que sean asignaciones directas a sus familiares o prestanombres.
Informó que para este 2020 el recurso del Fondo para la Infraestructura Social (FIS), antes Copladem, es superior que del 2019, por lo que la intención del alcalde presuntamente es desviar este dinero que corresponde a la población.
“El reclamo de obras es histórico, las comunidades han pedido tener luz, agua, drenaje, calles. Ahora no quieren permitir que las propias comunidades administren el recurso y prioricen sus necesidades”, expuso.
Lamentó que actualmente el edil se escude señalando que todas las manifestaciones de las comunidades son radicales y no tienen fundamento alguno.
Recordaron los manifestantes que desde el 2019 hubo una grave exclusión de comunidades para la entrega de este recurso, lo que derivó en una serie de manifestaciones y la muerte de un miembro de la Guardia Nacional en la cabecera municipal.
En esa ocasión, aseguran, fue el propio edil que citó a los habitantes a una reunión, sin embargo, los esperaba con la Policía y el Ejército.
Señalaron que este 2020, cuando aterrizó el recurso, Zenteno Moreno convocó a una reunión con los agentes, donde obligó a firmar el contrato de obra, algo que consideran ilegal.
“Los que se han opuesto los amenaza con mandarlos al Amate, por eso es necesario dar a conocer este problema que aqueja al municipio”, detalló el vocero.
En esta protesta masiva efectuada en el tramo Bochil-Soyaló, exigieron la liberación de nueve de sus compañeros recluidos en el Amate, así como la cancelación de más de 100 órdenes de aprehensión y más de 400 carpetas de investigación.
Hombres, mujeres y jóvenes recorrieron cinco kilómetros cuesta arriba para denunciar como señalar lo que acontece con la administración municipal, que ha demeritado el papel de las comunidades tachándolas de irresponsables y mentirosas.
Para atender este tema urgente, el pasado 17 de febrero los representantes se reunieron con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien ya tiene conocimiento del caso, pero hasta el momento a nivel local no se ha llevado a cabo la instalación de la Mesa de Diálogo.
Recalcaron que todo ello se deriva de los intereses que existen entre el alcalde y la familia Aguilar Pavón, a quienes pretenden entregar las obras de Bochil, particularmente a la diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, y su pareja sentimental, Sergio Luis Zenteno Meneses.
“Ellos son los que controlan esta zona, esa familia siempre se ha servido de este corredor, de comunidades y municipios para llevarse todos los recursos, sin que nadie hasta el momento, ni las autoridades hayan tomado medidas para evitar este saqueo”, manifestó.
En una acción desesperada los habitantes de estas comunidades efectuaron esta marcha y esperan una próxima reunión con Encinas.
