Derechohabientes del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste), denunciaron que a 20 años de estar pagando sus créditos sus viviendas no les han sido entregadas.
Uno de los denunciantes de nombre Manuel de Jesús García comentó que son alrededor de 50 personas que tramitaron su crédito en el 2000, siendo asignados en el fraccionamiento FSTSE, El paraje, en Tapachula, sin embargo, a la fecha sus viviendas no han sido terminadas.
Dijo que han llegado a retomar los trabajos tres empresas constructoras pero ninguna concluye la obra, a pesar de que en el fraccionamiento únicamente faltan estas 50 casas de 238 que conforman el desarrollo habitacional.
Actualmente las viviendas están en el abandono porque les hacen falta la herrería, además de los servicios básicos, por lo que no pueden ser habitadas.
El 20 de junio del año pasado en la Ciudad de México tuvieron una reunión con funcionarios del Fovissste, en la cual se comprometieron a tomar cartas en el asunto pero no ocurrió nada, así que decidieron manifestarse en la Caravana de la Vivienda organizada por este organismo en la capital chiapaneca.
Las principales exigencias de los afectados es la entrega de las viviendas y que les condonen los intereses, que ascienden hasta los 450 mil pesos en algunos casos, ya que los créditos fueron autorizados para 30 años, de los cuales han pasado 20, es decir, hace ya mucho terminaron de pagar lo que les correspondía.
Pagan el doble
A 20 años de que inició el problema, los derechohabientes prácticamente han pagado el doble de lo que les correspondía, según los créditos que solicitaron que oscilaron en un promedio de 162 a 185 mil pesos; incluso a algunos, según el sistema del Fovissste, sus créditos aparecen con un monto de 600 mil pesos.
Aseguró que varios de los afectados son de la tercera edad, con padecimientos crónicos, de bajos recursos y que por la situación deben pagar renta.
Desde que realizaron los trámites y les fue autorizado el crédito les han descontado quincenal o mensualmente de acuerdo a su puesto de trabajo; en el caso de los ahora pensionados, les siguen descontando cada mes.
Los afectados son trabajadores del magisterio, de Salud y del Tribunal Federal, todos empleados del Gobierno Federal en la entidad.
Los denunciantes en la caravana fueron atendidos por representantes del instituto, incluso por el vocal ejecutivo, quienes les aseguraron que atenderían el caso.
