El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), con presencia en 11 municipios del Norte y los Altos de Chiapas, demandó al Gobierno federal que “respete y cumpla” con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y realice consultas amplias siguiendo el protocolo que establecen los estándares internacionales para la construcción de proyectos y megaproyectos que afectan a los pueblos indígenas.
En un comunicado aseguró que las consultas hechas por el Gobierno federal no han respetado el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada de buena fe y culturalmente adecuada, pues no han llegado a los directamente afectados.
Manifestó que se pretende “imponer el proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque, obligando y amenazando a las comunidades a firmar, así como a nuestras autoridades comunitarias usando la presión política y económica para que consigan firmas para la liberación del derecho de vía para la autopista”.
El Modevite, que impulsa la autonomía y los gobiernos comunitarios sin la participación de partidos políticos, exigió que se respete la libre determinación de los pueblos indígenas de Chilón y Sitalá”, y que se rehabilite la carretera existente que comunica a San Cristóbal con Palenque.
Demandó que haya “progreso para nuestros pueblos preservando su territorio, ríos, tierra, animales, idioma y su cultura, pues ya basta de engordar al capital privado, a las trasnacionales y a los políticos corruptos”.
Dijo que a siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “seguimos viendo que en Chiapas aumenta el número de cantinas y la trata de mujeres que trabajan en ellas; el narcotráfico y el consumo de drogas, la violencia y el crimen organizado, la corrupción, los proyectos extrativistas que contaminan el suelo, subsuelo y sobre todo a la población, empobreciendo más a las personas más vulnerables”.
Añadió que “a pesar de que muchas organizaciones defensoras de la vida y de centros de derechos humanos e indígenas que se esmeran día a día por resolver estos asuntos, el gobierno sigue manifestando que su interés político, económico y social no responde a las necesidades reales del pueblo”.
Denunció “la agresión verbal e intimidaciones a los integrantes del Modevite por grupos armados enviados por autoridades municipales para detener nuestro trabajo en defensa del territorio”, así como “la agresión impulsada por autoridades municipales de Chilón y Sitalá a los integrantes de gobiernos comunitarios y al sacerdote jesuita José Avilés, provocando un escenario de enfrentamiento entre los mismos hermanos de esos municipios”.
