Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez alzaron la voz para condenar la ola de violencia que, aseguraron, ha cobrado la vida de personas comprometidas con la paz, la justicia y la defensa de sus comunidades; mientras hicieron un llamado a las autoridades a garantizar el Estado de Derecho.
Obispos calificaron el crimen del edil como un acto cobarde que se suma a una preocupante cadena de asesinatos contra quienes se atreven a desafiar el estado violento que se vive en distintas regiones del país.
“Hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos”, advirtieron.
Debilitamiento del orden constitucional
La Iglesia alertó sobre la presencia de grupos armados que controlan la vida pública en varias zonas del país, imponiendo retenes, despojando tierras y amenazando a productores, comerciantes y autoridades locales, lo que refleja, dijeron, “un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos están obligados a garantizar”.
A través de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, los representantes de la Iglesia reiteraron su compromiso con la esperanza y el acompañamiento pastoral, pese a los riesgos que enfrentan sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral en contextos marcados por la violencia.
“La entrega silenciosa y valiente de estas personas es un signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo”, señalaron.
