El respeto al territorio es un activo de vida, no una mercancía, afirmaron centros de derechos humanos, colectivos y agrupaciones diversas del país, al tiempo de exigir “alto a la imposición de megaproyectos, presas, minas, trenes en territorios indígenas que nos despojan del buen vivir y afectan gravemente la red de la vida”.
Sostuvieron que “la expedición de una ley reglamentaria del artículo segundo constitucional es un deber jurídico del Estado mexicano, pues garantiza que los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en normas vinculantes que aseguren su ejercicio efectivo en ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, fortaleciendo la libre determinación, la participación, la preservación de sus territorios y formas de organización; es una demanda urgente que no puede postergarse más”.
Por ello, agregaron que “los pueblos y las organizaciones indígenas expresamos que la política hacia los pueblos indígenas no puede circunscribirse sólo a trasferencias monetarias, programas temporales, folklor o programas asistenciales de voluntad sexenal. Es necesaria la transformación de esa mirada hacia los pueblos. Es indispensable el reconocimiento y garantía de nuestra participación en las políticas y decisiones que nos afectan. Nuestra participación no debe ser eventual sino estructural y permanente”.
Asimismo, recalcaron que “los pueblos indígenas no solicitamos privilegios, sino que exigimos el cumplimiento pleno del orden constitucional y convencional vigente. Es urgente dar pasos firmes hacia el cumplimiento pleno de los derechos indígenas. Alto a la discriminación racial. No buscamos permiso para ser lo que ya somos, buscamos que la Constitución deje de ser un espejo que no nos refleja”.
