Las reclusas del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5 de San Cristóbal de Las Casas no reciben atención médica desde hace un año, tienen que pagar servicios particulares, les restringen la comunicación con el acompañamiento legal y su familia, entre otras violaciones a los derechos humanos, denunció la Colectiva Cereza.
Las abogadas de la organización exigieron que se realice una auditoría en todos los penales, pues explicaron que el contexto es de violencia contra las internas y contra todas las personas privadas de su libertad en la entidad.
Al no contar con servicio médico tienen que pagar los traslados al hospital, las pruebas, los análisis, los ultrasonidos, los medicamentos, los gastos de las operaciones y la atención de la consulta privada, si es que necesitan de un especialista.
Agregó que también cobran entre el 10 y 15 por ciento por los artículos de aseo, limpieza y alimentación que llevan familiares o son para las tiendas y cocinas.
“Se facilita la extorsión a los ingresos nuevos de detenidos o detenidas y a sus familiares, con violencia, amenazas y muertes por tortura y homicidio, que la autoridad penitenciaria hace pasar por suicidios, como en la causa de Adolfo Gómez Gómez”, destacó la organización.
A este contexto se le suma la denuncia por promoción de servidumbre sexual de las reclusas femeniles a los presos, además de que retiraron los teléfonos de piso, “cuando es un derecho fundamental que puedan llamar a sus defensores y abogados, así como familiares, y poder acceder a las Comisiones de Derechos Humanos, cuyos teléfonos de contacto les tenían bloqueados desde el área de Alcaldía”.
“El presupuesto estatal destinado al sostenimiento de las mujeres y hombres de los penales se desvía por corrupción, y tienen que sostenerse para cubrir sus necesidades básicas como pueden”, hizo hincapié la colectiva.
