A la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados, el Consejo Regional de Damnificados por el Huracán Stan, demandó nuevamente proceder legalmente contra el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por el mal uso de los recursos para la reconstrucción de 41 municipios devastados por ese fenómeno ocurrido en octubre del 2005.
Y es casi 12 años de distancia no se concluye el proceso de reconstrucción ni regularización de los fraccionamientos construidos, al hacerse en terrenos irregulares y con materiales de pésima calidad, entre otros problemas, señaló el presidente de esa organización, Carlos Enrique Tapia Ramírez.
Éste dijo que el exgobernador Salazar Mendiguchía anda en plena campaña política mediante el denominado Movimiento de la Esperanza, pretendiendo con ello alcanzar una senaduría o al menos diputación federal para “mantener la impunidad”.
Ante una de las bardas pintadas en donde llaman a hacer “renacer la esperanza”, sostuvo que para miles de damnificados el exgobernador cometió un gran fraude y debe ser castigado.
Recordó que se encuentran abiertas las averiguaciones previas PGR/CHIS/TGZ/283/2008, PGR/TGZ/-1/301/2008, PGR/CHIS/TGZ-1/302/2008, PGR/TGZ-1/303/2008 y PGR/CHIS/TGZ-11/229/2008, PGR/CHIS/TAP/11/111/09 por el delito de peculado y fraude a los fondos para la reconstrucción, ejercicio indebido de funciones en el servicio público, asociación delictuosa, abuso de poder y violación a los derechos humanos.
En cartas enviadas a los titulares de la PGR, Arturo Chávez Chávez; de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, los damnificados exigen consignar las averiguaciones, atender la problemática por las irregularidades persistentes en la región devastada y que se determine el juicio político interpuesto en contra del exgobernador Salazar Mendiguchía.
En todas esas acciones estuvieron involucrados funcionarios de esa administración, a los que tampoco se les ha castigado conforme a la ley, a pesar de que se descubrió el fraude cometido por parte de la Secretaría de la Función Pública del Estado, precisó Tapia Ramírez.
