Familiares del activista Mariano Abarca Roblero, asesinado hace nueve años por oponerse a las mineras en Chiapas, así como organizaciones sociales, exigieron a las autoridades estatales a que agilicen las investigaciones para dar con los responsables del crimen y dicho delito no quede en la impunidad.
Los familiares informaron que los sospechosos del asesinato son, supuestamente, personas relacionadas con la minera canadiense Blackfire Exploration Ltd; empresa que generaba afectaciones al medio ambiente.
José Luis Abarca, hijo del activista, recordó que en octubre de este año, entregaron a la Corte Federal de Canadá un informe donde exponen la problemática y donde piden al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de ese país, a que también realice una investigación de lo ocurrido.
Agregó que estas actividades las realizaron porque también llevan un proceso en la Corte Federal de Canadá, a donde acudieron en mayo de 2018 para que se revise la decisión del Comisionado, porque no realizó trabajos de investigación sobre el cuerpo diplomático canadiense en México.
De acuerdo con lo comentado, se han interpretado de manera errónea algunos hechos del asesinato, se descartaron evidencias y otras tantas se tergiversaron y no se aseguró el debido proceso.
Abarca, hijo del activista, añadió que la misma empresa demandó a su padre, quien semanas antes de su asesinato, fue amenazado. Debido a que los trabajos en la investigación han sido lentos, Miguel Ángel de Los Santos, abogado de la familia, comentó que interpusieron un amparo para continuar con la exigencia de que las autoridades estatales informen de lo ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2009.
Dijo que el camino para alcanzar la justicia lleva varios años, porque los trabajos no han sido objetivos ni profundos, porque las personas que cometieron el crimen siguen libres a pesar de las pruebas que se han aportado.
El amparo, detalló, busca que la investigación sea comprometida, adecuada y eficaz, porque la última diligencia de prueba que se llevó a cabo fue a mediado del mes de enero de este año, es decir, van 10 meses sin ningún avance sustancial.
Finalmente, los familiares y las organizaciones sociales que acompañan el caso, están a la espera de una fecha en el 2019 donde participarán en una audiencia oral frente a la Corte Federal de Canadá, por lo que no dejarán de denunciar este crimen originado por el extractivismo minero canadiense en México y América Latina.
