Autoridades comunitarias y campesinos de la Mesa Regional respaldados por pobladores de 55 localidades de Simojovel, Huitiupán, El Bosque y Pueblo Nuevo, hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a la Comisión Estatal de Caminos, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y al Congreso del Estado para exigir la conclusión definitiva de la infraestructura vial que conecta a cuatro municipios del norte chiapaneco.
La petición expone la urgencia de finalizar los 7.5 kilómetros restantes del tramo carretero Campo La Granja–San Rafael, una obra que tras cinco años de gestiones apenas registra un avance de cinco kilómetros pavimentados.
Afectaciones
Los afectados denunciaron que el tramo pavimentado recientemente ya presenta un marcado deterioro y fallas estructurales recurrentes, a pesar de las reparaciones aisladas que se han ejecutado. Esta situación ha levantado sospechas entre los pobladores sobre la calidad de los materiales empleados y la efectividad de la supervisión oficial.
Ante este panorama, la Mesa Regional solicitó formalmente: Auditoría e inspección técnica: intervención de la Auditoría Superior del Estado y autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades sobre las fallas de la obra.
Reparación con garantía: exigir a las empresas constructoras la rehabilitación adecuada de los tramos dañados.
Calendario de ejecución: establecer fechas claras de inicio y conclusión para la pavimentación de los 7.5 kilómetros pendientes.
Claridad y seguimiento
Construcción del puente sobre el río Kukulo: claridad y seguimiento a los trámites ya iniciados para la edificación de este paso clave.
Durante la temporada de lluvias, el camino actual queda sumido en el lodo y la intransitabilidad, aislando a miles de familias que requieren trasladarse para atender urgencias médicas, comercializar sus productos agrícolas y acudir a centros educativos.
“Necesitamos una carretera terminada y en buenas condiciones para trasladarnos con seguridad”, puntualizaron los representantes comunitarios, quienes urgieron una respuesta pública y una mesa de trabajo en sus propias localidades para evitar nuevos desplazamientos hacia la capital del estado.
